Exigir cuentas claras pasó de ser una aspiración colectiva a convertirse en una obligación legal y un imperativo para la buena marcha de cualquier gobierno. En tiempos difíciles como los actuales, la disponibilidad limitada de recursos y las altas expectativas de la colectividad en la gestión gubernamental, convierten a los mecanismos de transparencia en una de los principales factores de éxito en las políticas públicas.
Existencia de reglas claras, acceso a información pública y a bases de datos abiertos no son solo exigibles al órgano ejecutivo, también el resto de órganos del estado y a las alcaldías, que deben hacer realidad mediante su implementación, la existencia de un auténtico y legítimo sistema de pesas y contrapesos, consustancial a una verdadera democracia. La rendición de cuentas genera confianza ciudadana, alienta la participación de los administrados y hace factible la aplicación exitosa de las medidas gubernamentales. Llevarla a la práctica nos protege del virus de la opacidad y garantiza el buen uso de los recursos disponibles.