De acuerdo a lo establecido en el dictamen presentado, la necesidad de su aprobación recae en la urgencia de proteger a un aproximado de 10,000 conductores, así como a otro grupo indefinido de trabajadores que se dedican a actividades de apoyo en dicho rubro, quienes debido a la falta de una normativa que regule los derechos y las obligaciones laborales aplicables a su profesión, son susceptibles a explotación por parte de sus empleadores. Sin embargo, a pesar de las aparentes buenas intenciones de la propuesta, luego de discutirla dos veces en el pleno, ésta fue enviada al archivo, en donde permanecerá por al menos seis meses antes de que se pueda discutir nuevamente.
Sobre esta situación, considerando la indignación que ha generado en ciertas personas que se sienten identificadas con la causa, me gustaría aprovechar la oportunidad para decir algo sumamente impopular y que va en contra del pensamiento económico convencional. No es cierto, como nos han hecho creer los marxistas a lo largo de los años, que la explotación y la falta de prestaciones laborales dignas, es una consecuencia natural de la falta de regulación en el mercado. Si eso fuese así, países como Suiza, en donde no existe un salario mínimo establecido, fueran un infierno laboral. Es más, si la lógica marxista que típicamente inspira este tipo de iniciativas tuviera algo de verdad, habríamos visto, tal como preveía Karl Marx, sistémicas crisis económicas y revoluciones en países en donde prevalece la libre empresa.
La verdadera causa de la explotación, como demostró el economista liberal austrohúngaro Eugen Böhm von Bawerk, es en efecto lo opuesto. Surge en aquellos mercados cautivos en donde los empresarios no tienen la necesidad de competir por los servicios de la clase trabajadora, dado que disponen de algún privilegio estatal que los protege de potenciales rivales empresariales que pudieran robarse a sus empleados ofreciéndoles mejores prestaciones laborales. Por lo tanto, si yo hubiese sido parte de la fracción arenera o de cualquier otra en donde hubieran estado a favor de la iniciativa, no la habría respaldado. En cambio, hubiera propuesto algo en concordancia con los principios de una sociedad libre y productiva: reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el sentido de que el sistema de concesión de líneas de transporte terrestre, el cual otorga un monopolio de operación a los actuales empresarios de transporte colectivo de pasajeros sobre las rutas, sea reemplazado por uno que permita la libre oferta de dicho servicio.
En contradicción con el dictamen llevado a plenaria, el cual hubiera fracasado en su intento por mejorar las condiciones laborales y distorsionado todavía más el mercado en discusión, la idea de abrirlo a mayor competencia beneficiaría no únicamente a las personas que trabajan en él, sino a la sociedad en general. Al no existir un monopolio que proteja las malas prácticas de muchos de los actuales empresarios, éstos se verían obligados a mejorar su servicio para conservar a sus clientes, favoreciendo de tal forma a los usuarios del transporte público con unidades modernas, seguras, accesibles y respetuosas con el resto de parámetros establecidos en el Reglamento General de Transporte Terrestre. Y además, al ser el mercado y no el Estado el que determinaría quiénes están aptos para proveer el servicio, la relación existente entre los grupos de interés con algunos representantes de la clase política se debilitaría enormemente, reduciendo así la corrupción que surge como consecuencia de la regulación estatal.
Pero desafortunadamente, en vista de que la mayoría de nuestros políticos, incluyendo en Arena donde dicen defender la libre empresa, desconocen de los beneficios de la libertad económica, es poco probable que algún día veamos una reforma en línea con lo anterior. Tendremos que esperar hasta el surgimiento de un movimiento verdaderamente liberal para que ideas como ésta, y muchas otras más, sean posibles en El Salvador.