Los accidentes de los últimos días y particularmente el ocurrido en carretera a Santa Ana han llenado las redes sociales y a los ciudadanos de indignación y reclamo al sistema público de transporte, con sobrada y justa razón, los ciudadanos reclaman el hasta aquí de la impunidad, la falta de seriedad, la irresponsabilidad, el poco profesionalismo del sector y la desidia de los funcionarios a cargo del VMT y de quienes se supone deben aplicar la ley y los reglamentos para que el servicio sea eficiente y seguro.

Pero nuevamente surge la pregunta ¿cuál es la solución al problema? La Asamblea Legislativa levanta como siempre su “aumento de penas”, los reformistas extremos creen que el asunto es del código y reglamento, los más acuciosos creen que el problema es operativo administrativo, los más molestos hablan de corrupción y los pesimistas se vuelven a conformar con el “siempre ha sido así”, pero debemos ver más allá y salirnos de la caja para encontrar la solución.

El transporte de pasajeros en El Salvador es administrado por cientos o miles de empresarios grandes y pequeños, concesionarios de una o varias rutas, cuya explotación se regula desde el VMT; ellos invierten y mantienen las unidades, el gobierno controla la tarifa y administra un subsidio compensatorio para que el precio sea “justo”, el gobierno recibe de los concesionarios dinero por la renovación de la concesión cada año, no invierte nada en el transporte pero garantiza que éste funcione para los ciudadanos “cuidándole que pague poco”.

Con el tiempo, los problemas derivados no han sido administrados correctamente y todo se volvió un tema de tarifa-servicio dejando a un lado la calidad, la responsabilidad, la inversión permanente, la tecnología, la expansión de otros servicios como el tren, el tranvía, el metro, etc… prácticamente el problema del transporte está estancado en el tiempo, reducido a más o menos tarifa, no resuelto y desactualizado para los pasajeros que no tienen otra que seguir usando lo que hay y pedir a Dios llegar a casa a salvo; Los empresarios quieren ganancias, los pasajeros quieren mejores servicios y el Gobierno no quiere costo político en sus decisiones.

La solución entonces pasará por poner la mesa en limpio y comenzar a trazar un nuevo servicio de transporte, rediseñando su institucionalidad, su operatividad, su finalidad, reacomodando a los actores para tener orden y crecimiento, facilidad de inversión y resultados atractivos para el usuario. Lo anterior debe llevarnos a repensar el negocio, el flujo del dinero y cómo administramos lo que el pasajero paga, de ahí que creo que una novedosa forma de echarlo a andar es constituir la primera empresa pública de transporte, una empresa del estado administrada para dar utilidades a sus accionistas, los que serían ciudadanos que compran acciones de la empresa en la bolsa de valores; para que esto funcione el estado debe hacer uso de su derecho constitucional de expropiación de rutas, pagando su valor de mercado o los convierte en accionistas, el estado administra la empresa con mayoría de acciones por ser estratégico para la nación pero funciona con visión de rentabilidad y eficiencia para atraer la inversión que necesita, así como apuntalar el crecimiento e inversiones en otros medios de transporte más allá del bus. Las empresas Públicas de Medellín son un ejemplo a analizar; aunque tienen su origen en el municipio puede extrapolarse al gobierno central aunque las empresas desde los municipios puede ser otra opción de desarrollo local. Puede que para algo como eso haya que hacer muchas modificaciones legales o que lo propuesto aquí tenga errores, lo cierto es que si no ponemos pronto ideas en la mesa el transporte nos seguirá entregando insatisfacciones que podrían llegar a más violencia o incluso a un rechazo total de la población.

Tenemos ya algunos experimentos empresariales estatales que tienen rendimientos como las empresas de CEL o los bancos estatales que compiten con los bancos privados, tenemos los ejemplos de empresas cooperativas, cajas de crédito, tenemos fórmulas aún no aplicadas para un problema que en el resto del mundo funciona bien, entre actores privados y estado o totalmente estado, pero con una solución para el pasajero que busca precio justo, comodidad, seguridad, respeto y traslado efectivo para cumplir con sus obligaciones. Lo cierto es que el transporte público es una zona estratégica para el desarrollo, para la productividad, para el desarrollo humano y social, es un valioso aglutinador de identidad y aunque no lo creamos, de lo que sucede en el transporte público hay reflejo en todo lo que sucede en el país y lo que se corrige ahí corrige para el resto…tomemos en serio el reto, analicemos y adentrémonos al riesgo de cambiar todo para obtener todo diferente.