El primero se refiere a la agenda del nuevo gobierno; todo gobierno al inicio de su periodo tiende a establecer diferencias con el gobierno anterior, especialmente si se trata de un cambio no solo de la persona del gobernante sino también del partido político en el ejecutivo, como es el caso actual. Usualmente el nuevo gobierno tiende a establecer su conducta sobre la base del programa de gobierno que ha planteado en su campaña electoral; pero, en el caso del Presidente la orientación del gobierno parece generarse no del programa de gobierno Cuscatlán presentado en su campaña, sino de la percepción del gobernante de lo que la población prioriza, según lo indican las encuestas de opinión, a las cuales recurre constantemente; en su caso, el foco y las prioridades de la gobernanza responden a las prioridades que las encuestas detectan en la población. En el presente caso es evidente que el enfrentamiento del problema de la seguridad y concretamente de la lucha contra las maras, es la prioridad que las encuestas nos están diciendo y a la que el Presidente se ha abocado.
Este estilo de gobierno que, repito, casado con las encuestas de opinión, tiene claros peligros, pues, si bien es cierto las encuestas son un instrumento necesario para conocer las opiniones de la ciudadanía, no hay duda que las encuestas solo reflejan el sentimiento de los encuestados en el momento de la pregunta y no la naturaleza de los problemas a tratar, ni sus conexiones con otros problemas, y mucho menos las soluciones más adecuadas para resolverlos, tienen un margen de error que les es intrínseco y, no pocas veces son manipuladas. En el presente caso, limpiar al país de mareros ya no solo llenando las cárceles, sino mandándolos al otro mundo, puede fácilmente convertirse en la opinión mayoritaria de la ciudadanía, lo cual sería un grave retroceso.
La dependencia extrema de las encuestas tiende a generar en el gobierno una actitud inmediatista de dar respuestas a lo que ellas plantean, que, si bien puede tener ventajas para el gobierno y dar la impresión que se está ejerciendo el poder, también puede caer en serios problemas de insostenibilidad, improvisación y error. El gobierno da golpes publicitarios de actuar, pero puede abocarse a pobres resultados o imposibilidad de sostener la politica seguida.
Un segundo indicador del rumbo del nuevo gobierno es la relación entre el gobernante y la ciudadanía, partiendo de la doble característica de esta relación en una democracia representativa como es la nuestra: por un lado, el pueblo es el soberano y el gobernante es su representante, por lo que está obligado a informar y dar cuenta de su representación; y por el otro, tiene que actuar sujetándose a un marco de normas constitucionales y legales, aprobadas por otro poder del Estado. La democracia muere cuando el gobernante suprime, desprecia o no toma en cuenta que para cumplir con su mandato tiene que someterse a las normas que lo rigen; de lo contrario, cae en el autoritarismo y va camino a la dictadura. En otras palabras, la relación entre el gobernante y la ciudadanía debe estar siempre mediada por el respeto a la institucionalidad del Estado.
En el caso que analizamos, el presente gobierno muestra poco respeto por esa institucionalidad y pretende ejercer su poder directamente apelando al pueblo con actos más allá e incluso violando las normas jurídicas y la Constitución; si bien es cierto que venimos de un gobierno que fue más respetuoso de la institucionalidad democrática que sus antecesores, pero que tuvo una pobre relación con la ciudadanía y daba la impresión de estar ausente de ejercer su mandato, esto no puede justificar que vayamos al otro extremo y caigamos en el error de creer que porque el pueblo quiere algo y el gobernante quiere hacerlo, esto basta y no importa la institucionalidad democrática en la o las formas de hacerlo, así como en pre-determinar el alcance de las soluciones.
Desde su primer acto como gobernante, el presidente Bukele refleja una tendencia a caer en este error, la forma de los despidos masivos de funcionarios públicos, sus declaraciones amenazando a la Asamblea Legislativa y al poder Judicial y en la supresión de los plazos para las medidas restrictivas a los apresados, son ejemplo de esta tendencia. Si el gobernante cree que tiene el monopolio de la representación del pueblo, fácilmente puede invertir los términos y sustituir los intereses del pueblo con los personales; amén de que esta tendencia lleva a establecer una verticalidad de mando que fácilmente se vuelve autoritaria.