El Tribunal de Ética verificará si la junta directiva emitió la autorización. / DEM


El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, informó ayer que la institución firmará una resolución para investigar “a todas las fracciones” legislativas sobre las contrataciones en la Asamblea.

De acuerdo al funcionario, pueden investigar un periodo de cinco años hacia el pasado, desde el momento de la intervención del TEG.

“Diferenciemos, hay empleados institucionales de la Asamblea y empleados contratados para cada una de las fracciones, vamos posiblemente este día a firmar la resolución que vamos a investigar a todas las fracciones”, detalló este jueves en el programa Pencho y Aída.

El titular del TEG señaló que indagarán las plazas que tiene cada una de las fracciones, el núcleo familiar de los diputados, para indagar si hay nepotismo y también si los contratados están laborando efectivamente o se comprueba que no han estado trabajando en la institución.

De acuerdo a Castaneda, el TEG analizará la responsabilidad de quién autorizó las contrataciones. “Queremos ir un poco más allá, también tiene que haber responsabilidad de la autoridad que autoriza, porque, si está consciente de lo que está firmando y está contratando por compadrazgo o petición política, debe tener responsabilidad, estamos hablando de lo que sería la junta directiva. Así es que esta investigación va a dar muchos elementos”, explicó.

El presidente del TEG detalló que en el caso de la exdiputada Cristina López están preguntando “quién supervisa el trabajo” de la funcionaria para verificar si laboraba para la Asamblea.

Publicaciones de El Diario de Hoy y El Faro develaron la contratación de familiares del diputado Guillermo Gallegos, Donato Vaquerano, así como la contratación de la exdiputada Cristina López mientras residía en los Estados Unidos.

El presupuesto destinado a las remuneraciones en la Asamblea Legislativa ha crecido de $36,500,000 en 2015 hasta $51,013,850.

El TEG también investiga los viajes del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y ha solicitado todos los pormenores del viaje a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Explicó que, a raíz de un aviso al TEG, este indaga si hubo conflicto de interés con un posible proveedor. “Hemos pedido informe preliminar al ministro”, afirmó.