El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliará a partir de hoy y más allá de la franja fronteriza, la “deportación expedita” de centenares de miles de inmigrantes indocumentados que no logren demostrar su estancia en EE.UU. de al menos dos años, en una medida sin precedente que, según activistas, puede atrapar incluso a ciudadanos y residentes legales, informó Telemundo.

Según el reglamento, que será publicado hoy en el diario oficial del gobierno, toda persona indocumentada que no logre mostrar su estancia consecutiva en EE.UU. durante al menos dos años, quedará sujeta a una “deportación expedita” y sin derecho a defender su caso ante un juez de Inmigración.

La medida aplicará también a extranjeros que tienen al menos 14 días de haber entrado al país pero menos de dos años, pero excluye a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en EE.UU. con visas vencidas. Esto es aparte de las redadas contra individuos y familias con órdenes de deportación finales.

Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), alrededor de 300,000 inmigrantes indocumentados podrían verse afectados por esta decisión.

El DHS argumentó que la medida ayudará a fortalecer la seguridad nacional y la seguridad pública y simultáneamente reducirá los costos del gobierno al agilizar las decisiones sobre personas sujetas a la expulsión del país.

Esta regla “permitirá que el DHS responda con más eficacia y efectividad al gran volumen de extranjeros presentes en Estados Unidos de forma ilegal… y asegurará la pronta deportación de EE.UU. de quienes no tienen derecho a entrar, permanecer en el país, o tener alivio o protección de la deportación”, dijo.

Según el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, ante la crisis migratoria “es necesaria la implementación de medidas adicionales” contra la población indocumentada.

Pero ni McAleenan ni el DHS precisaron cómo se financiarán las deportaciones masivas, aunque recientemente recibió una infusión de $4,590 millones del Congreso para responder a la crisis migratoria en la frontera.

Bajo este reglamento, los agentes de Inmigración tendrán más poderes para actuar como “jueces y fiscales” y, dada la velocidad con que se tramitan las deportaciones, se aumentará la posibilidad de errores y se negará a los individuos la oportunidad de recabar pruebas para defender sus casos, o consultar a un abogado.

 

Deportaciones masivas sin fondos definidos

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Mark Morgan, dijo el mes pasado que la agencia está comprometida a expulsar a tantos inmigrantes como sea posible con sus recursos disponibles, después de que el presidente Donald Trump amenazara con deportartaciones masivas, pero que no es posible que su agencia elimine de una sola vez a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima que hay en EE.UU.