El presidente Donald Trump instó ayer al Tribunal Supremo de EE.UU. a que “haga lo correcto” y apoye la cancelación del programa de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA), para forzar al Congreso a negociar un nuevo acuerdo, informó la cadena Telemundo.
Desde su cuenta en Twitter, Trump dijo que “republicanos y democratas tendrán a muy corto plazo un acuerdo para permitir quedarse en el país” a los inmigrantes conocidos como soñadores (“dreamers”).
Cerca de 700.000 jóvenes indocumentados, la mayoría de los cuales llegaron de la mano de sus padres cuando eran niños, siguen amparados a DACA, que les concede un permiso temporal de residencia y trabajo. Trump anunció el final de este programa en septiembre de 2017, pero la decisión fue recurrida ante la justicia.
El Tribunal Supremo realizará una audiencia oral el próximo 12 de noviembre para tomar la decisión definitiva el próximo año.
Según Trump, el entonces presidente Barack Obama reconoció que no tenía “el derecho” de poner en marcha DACA en 2012, “pero lo firmó de todas maneras”. Su Administración ha insistido desde siempre en que el programa es anticonstitucional.
Obama puso en marcha DACA en agosto de 2012, después de que el Congreso no lograra aprobar una ley para la legalización permanente de los dreamers. En esa ocasión, Obama dijo que el Congreso es el único que puede dar una solución permanente al limbo legal de los jóvenes indocumentados amparados a DACA.
Decisión inconstitucional
Trump ha insistido en el pasado en que la decisión fue inconstitucional, puesto que, a su juicio, Obama usurpó poderes del Congreso. Ayer advirtió de que “si la Corte Suprema valida DACA, da al presidente poderes extraordinarios, más allá de lo nunca imaginado”.
Trump omitió mencionar que la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, aprobó el pasado 4 de junio un proyecto de ley que legaliza a los beneficiarios de DACA, pero éste no ha tenido voto en el Senado, bajo control republicano.
Un asesor demócrata de alto rango del Congreso, que pidió el anonimato, dijo que los demócratas “ya tomamos acción a favor de los dreamers, y cualquier plan B tendría que venir de la Casa Blanca”.
Trump fue objeto de críticas después de que en diciembre pasado condicionara su apoyo a los dreamers a que el Congreso aprobara $5,700 millones en fondos para la construcción de su muro fronterizo. El fracaso de esas negociaciones provocó un cierre parcial del gobierno que duró 35 días, entre diciembre de 2018 y enero pasado.
El Tribunal Supremo ha programado una audiencia para el próximo 12 de noviembre para escuchar los argumentos orales de tres casos consolidados que impugnaron la legalidad de la cancelación de DACA en septiembre de 2017.
Su dictamen podría conocerse entre enero y junio de 2020, en medio de la contienda presidencial. Entre tanto, por órdenes judiciales, el Departamento de Seguridad Nacional sigue aceptando solicitudes para renovar los permisos de dos años bajo DACA, y los beneficiarios deben consultar a un abogado sobre sus casos.
Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la máxima corte tiene ante sí tres posibles escenarios: que los tribunales no pueden revisar ni suspender la decisión de cancelar DACA; que la Administración Trump puede continuar el desmantelamiento del programa, o que la cancelación fue ilegal.