AFP


El gobierno de Donald Trump considera una nueva política que busca modificar el reglamento de carga pública para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes (green card o tarjeta verde) que han utilizado beneficios públicos, informó la cadena Univision.

El plan asoma dos semanas después de conocerse que el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, prepara un plan de reforma migratoria para presentárselo al presidente y luego conseguir respaldo bipartidista en el Congreso para aprobarlo en ambas cámaras, tarea que por ahora resulta incierta.

De autorizarse, el plan revertiría la actual política y permitiría deportar a residentes legales que se declaran carga pública.El nuevo reglamento está siendo redactado por el Departamento de Justicia (DHS). El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno por restringir la inmigración de personas de bajos ingresos, agrega.

El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.

Si bien el plan se encuentra en una etapa temprana, puede que no se convierta en una política oficial del gobierno.

Incluso es probable que, de publicarse, sea demandado en los tribunales de justicia al igual que la mayoría de los cambios de reglamento que el mandatario ha ordenado desde que llegó a la Casa Blanca para cambiar la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso.

El reglamento vigente señala que la determinación de inadmisibilidad de un extranjero para entrar y/o permanecer en EE.UU. se basa “según la totalidad de circunstancias”. Es decir, no solo en la amenaza que pueda existir de que el individuo se convierta en una carga pública, sino en otros factores tales como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, y educación y capacitación.

La presencia o ausencia de un solo factor no puede ser el único criterio para determinar la inadmisibilidad por carga pública, a menos que ese factor sea la ausencia o insuficiencia de una declaración jurada de patrocinio económico cuando así lo requieren las leyes y reglamentos que rigen un beneficio específico de inmigración, tales como ciertas solicitudes para un ajuste de estatus relacionado con la familia”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).