La Uca reiteró ayer que no regresará al Comité. / Cortesía UCA


Autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Uca) y de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) rechazaron que su renuncia al Comité del millonario fondo de emergencia por el COVID-19 se deba a que no quisieron declarar patrimonio como lo aseguró la Presidencia.

El director ejecutivo de la Cámara, Federico Hernández, calificó el señalamiento de “deslealtad” y de “ataques de tan baja ralea” contra personas que “de buena fe con un sentido patriótico integraron este Comité”.

Para el presidente de la Cámara, Jorge Hasbún, se está politizando el tema, pero que la gremial de comercio tiene 105 años de existir. “Vamos a seguir existiendo después de que todos los partidos desaparezcan”, sostuvo.

Hasbún dijo que no tiene ningún problema en presentar la declaración patrimonial. “Aunque no estemos obligados, no tenemos miedo de hacerlo, no hay problema, eso no nos quita el sueño”, expresó el titular de la Cámara.

El vicerrector de proyección social de la Uca, Omar Serrano, quien reiteró ayer que la renuncia se debió a que el Comité no tuvo poder de decisión sobre cómo se debían gastar los $2,000 millones, se dispuso a declarar patrimonio.

 

Comité “nunca” decidió

De acuerdo a los miembros que renunciaron del Comité, el Gobierno realizó reorientaciones presupuestarias para sufragar gastos que se pagarían con parte de la deuda de los $2,000 millones, definiendo destinos sin el aval del Comité del fondo de la emergencia.

El Comité, señaló la Uca, no ha tenido la posibilidad, hasta la fecha, de tomar decisiones en el destino de los fondos ni en los criterios de uso de los mismos, pese a que solicitaron un plan de trabajo.

“Nunca fue el lugar donde se tomaban las decisiones sobre la emergencia”, sostiene la Uca, que se declaró sorprendida ante la petición de reforma al decreto 608 que presentó el Gobierno a la Asamblea Legislativa, ya que planteaba una distribución de los $2,000 millones no discutida por el Comité. Según la Uca, aunado a la falta de la metodología para la asignación de los $300 y la falta de aprobación de los términos de referencia para contratar una empresa auditora del Fondo, fueron obstáculos a la contrucción de un presupuesto del Fondo.

La Uca, sin embargo, agrega como razón de su renuncia “el irrespeto a la institucionalidad” por parte del Gobierno por decretos ejecutivos aprobados que irrespetan las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y derechos fundamentales de las personas, “actuaciones contrarias a los valores y principios promovidos y defendidos por la Uca desde siempre”.