Carlos Iturgaiz, eurodiputado español y jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en El Salvador, presentó el informe. / Cortesía MOE-UE


Ampliar el derecho al voto y permitir las candidaturas independientes para la Presidencia de la República forman parte de las recomendaciones que hizo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) tras las elecciones del 3 de febrero de 2019.

De acuerdo al MOE-UE, algunas restricciones en la votación pueden contravenir obligaciones o compromisos internacionales suscritos por El Salvador “sobre la protección del derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos”.

Señala que la pluralidad de la representación podría mejorarse con la participación de candidatos independientes.

El informe recomienda promover medidas para que las mujeres alcancen la paridad de representación en cargos electivos, garantizar la dignidad de las personas transgénero y transexuales y el pleno ejercicio de su derecho al voto, permitiéndoles cambiar legalmente su nombre de acuerdo con el género elegido, así como dejar que los detenidos, condenados o no, voten.

 

Confianza

La MOE-UE señaló que el sistema electoral ofreció confianza a los partidos representados en el TSE e incertidumbre a los demás; sin embargo, menciona que el candidato Nayib Bukele insistió en sospechas de fraude, “que se demostraron infundadas”.

Sin embargo, recomienda fijar procedimientos claros para resoluciones oportunas.

Así, recomiendan ajustar las sanciones administrativas y penales por infracciones y delitos electorales, establecer criterios claros de validez de la papeleta, iniciar un debate sobre la estructura del TSE y permitir las candidaturas independientes en las elecciones presidenciales.

En el informe, la MOE-UE advirtió que El Salvador no implementó sus observaciones de 2018, debido a la prohibición de reformar la normativa electoral un año antes de las elecciones. Las recomendaciones heredadas desde 2018 son: mejorar la coherencia en el escrutinio, auditar la financiación política, adoptar sanciones adecuadas y proporcionadas en caso de incumplimiento de la normativa en la materia.