Un total de 5,875 ciudadanos condenados fueron eliminados del padrón electoral; y no hubo disposición para facilitar el voto de 12,538 personas detenidas en espera de juicio.
De acuerdo a la MOE-UE, esta restricción podría poner a El Salvador en desacuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al limitar la universalidad del sufragio.
También objeta que se restrinja el derecho al voto a personas que abogan por la reelección del presidente y aquellas declaradas enajenadas mentales, ya que iría en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).