De lo anterior se concluye que dicha ceremonia pretende investir al funcionario civil que ahora ejerce la presidencia de la nación, del aura de mando y respetabilidad que los uniformados consideran necesarios para que éste pueda mandar y disponer de la milicia en la forma que ya establece la Constitución. Este es un punto discutible, pues la legitimidad y autoridad del poder confiado al mandatario, tiene su origen en el voto popular y en la ceremonia pública de investidura realizada una semana antes de este gesto militar. De hecho, con esta costumbre recientemente acuñada de entregarle un bastón de mando a los presidentes de la república recién electos, los militares están contradiciendo el contenido de las mismas leyes militares que rigen sus funciones y atribuciones, además de reincidir en un gesto militarista que ya debería ser superado.
Prueba de este sinsentido de la entrega del bastón de mando, es la orden general en la que se dio de baja al exministro Munguía Payés y en la que causó alta como Comandante General el nuevo presidente, cuando en realidad éste no es militar de carrera ni necesita causar alta o ser reconocido como tal por los mandos militares, pues ejerce desde el 1 de junio las atribuciones que ya le otorgó la Constitución. De hecho, la Ley de la Carrera Militar (LCM) vigente desde 1995 establece que esta profesión se inicia al egresar de las academias militares oficiales con el grado de subteniente o desde el grado de sargento cuando se hace el servicio militar que en teoría es obligatorio.
Por otra parte, al presidente Bukele no puede otorgársele por parte de sus mismos subordinados un grado militar, pues según el Art. 45 de la LCM los grados desde el de subteniente hasta el de general de división: “serán conferidos conforme a la Constitución de la República por el Presidente...”. Esto se ve reforzado por el Art. 105 de la misma ley, que declara que es al presidente al que le corresponden los nombramientos y destinos militares.
Pero donde fue más evidente la ruptura de las formas militares y del mismo orden Constitución que las inspira, fue en el juramento que el Presidente Bukele ordenó tomar a los militares de todas las ramas de la Fuerza Armada presentes en dicha ceremonia, pues los comprometió a defender al país de amenazas y enemigos internos, a la vez de jurar ser leales a su persona.
Lo primero era una atribución de la Fuerza Armada que fue eliminada de la Constitución gracias a la firma de los Acuerdos de Chapultepec en 1992. Desde 1962 se asignaba a los militares la tarea de vigilar la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la república y proteger a ésta de ideas extrañas o anarquistas, como una forma de disimular la lucha anticomunista de aquellos años. Una potestad poco democrática que dio lugar a un sinfín de abusos y de excesos que todavía son tema de discusión.
El juramento de lealtad al mismo Bukele va en contra de lo establecido en el Art. 122 de la LCM. En esa disposición se dice que cada militar antes de tomar posesión de un grado o cargo: “protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República” además de cumplir y hacer cumplir la Constitución, como ya es habitual entre todo el funcionariado. Pero este juramento de lealtad nunca es a la persona, es a la norma de cohesión social que la Constitución pretende ser, ya que los funcionarios son falibles, dispares en algunas de sus acciones, sujetos a los azares del destino y de su propia carrera política.
El bastón de mando pues, es apenas un símbolo de reconocimiento y no el génesis de una carrera militar que no existe o de una potestad oficial que ya tenía el Presidente antes de recibirlo. Ese bastón de mando tampoco es un arma contundente para usarla contra la disidencia o para dar “palos de ciego” en coyunturas difíciles relacionadas con la seguridad pública o con el combate al crimen organizado. El nuevo mando militar y la conducción del nuevo Comandante General, deberán conducir a la institucionalidad militar por los cauces constitucionales, no por los extravíos de los últimos años. Esta es la virtud a destacar.