Política

Un candado en el acceso de la información de El Salvador

Yolanda Magaña

miércoles 5, febrero 2020 - 12:03 am

Una multa a la Universidad de El Salvador (UES) y órdenes de entregar datos patrimoniales de exfuncionarios o nombres del personal de la Corte Suprema de Justicia están bajo el candado de jueces o magistrados de lo contencioso administrativo.

Son las órdenes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que no se cumplen inmediatamente porque las instituciones del Estado recurren a la Sala, la Cámara o juzgados encargados de juzgar conflictos legales o en materia contencioso administrativa.

Un ejemplo es la multa que el IAIP impuso a la UES por no haber nombrado oficial de información: el caso, según la comisionada Olga Chacón, fue la primera sanción de oficio emitida por el Instituto, en 2013. Siete años después, el caso sigue en la Sala de lo Contencioso Administrativo.

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La UES argumentó falta de fondos: debía pagar $8,964.

Así mismo, la Sala tiene pendiente de resolver si se cumple la audiencia para reconocer archivos de guerra del Ministerio de la Defensa sobre antiguos cuerpos de seguridad y destacamentos militares en San Salvador.


 

Probidad, personal de corte y multas

Bajo el candado de la Cámara de lo Contencioso Administrativo está una orden al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que entregue las versiones públicas de los informes de la Sección de Probidad sobre el presunto enriquecimiento ilícito de casos resueltos en 2018.

Esta instancia también frena la entrega de información de los nombres, cargos y actividades de todos los servidores de la Corte Suprema de Justicia, e información administrativa y presupuestaria del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Así mismo, la Sala frena una multa contra el Ministerio de Economía por $8,803.5; y otras contra el Ministerio de Obras Públicas en 2015 y contra la Dirección General de Medicamentos en 2014.

Esta instancia de la Corte Suprema de Justicia frena otras resoluciones de entrega de información solicitada por ciudadanos desde el año 2016: viajes al exterior del exfiscal general Luis Martínez en 2013 y 2014, normativa interna de la Fiscalía para aplicar la sentencia sobre la amnistía general, lista de víctimas de  homicidio de días específicos y capturas por dichos homicidios y listado de donantes de los partidos de 2014 y 2015. Entre las informaciones frenadas también está la autorización para la administración de los sanitarios del Turicentro Los Chorros, un caso de 2016.

 

¿Tiene competencia?

En el IAIP hay dudas sobre la competencia en acceso a la información pública por parte de las instancias que vigilan la materia contenciosa.

“Pareciera como una pelea interinstitucional y, si bien hay una teoría de pesos y contrapesos, lo cierto es que en materia de transparencia el ente rector es el Instituto, no debería haber nadie más que se pronuncie sobre eso”, afirmó por su parte la presidenta en funciones del IAIP, Silvia Cristina Pérez. La funcionaria aseguró que en otros países no se tiene esta disputa que se da en El Salvador.

Sin embargo, el IAIP no ha desconocido las resoluciones de la Sala de lo Contencioso, que ha resuelto a favor de acuerdo a las comisionadas. “Solo dos no se han ratificado”, afirmó la comisionada Chacón. El artículo 101 Ley de Acceso a la Información Pública permite que particulares recurran a esta instancia. Sin embargo, la Ley de Procedimientos Administrativos deroga en el artículo 163 las disposiciones que la contraríen.




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