Política

Un comité público privado definirá subsidios por Covid-19

Gabriela Villarroel

viernes 27, marzo 2020 - 12:02 am

Las ayudas directas para las familias más vulnerables ante la pandemia de Covid-19, se definirán a través de un comité público-privado. La Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno emitir deuda por $2,000 millones, a cambio de permitir este mecanismo de vigilancia.

Con 84 votos, la Asamblea Legislativa avaló que el Gobierno de El Salvador emita títulos valores o adquiera préstamos internacionales para crear el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica del País.

Según el dictamen aprobado, un 30 % de los fondos se destinarán para desarrollo de proyectos municipales que se darán directamente a los alcaldes, con criterios Fodes; es decir, un 75 % de inversión pública, y un 25 % para gastos de funcionamiento.

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El resto, un 70 %, se utilizará en la emergencia sanitaria y transferencias directas para el sector informal, además de un fondo de liquidez para micro empresas y sector agropecuario en general.

Para vigilar que se cumpla la entrega de los fondos y diseñar los planes de entrega, la Asamblea Legislativa  creó un comité compuesto por 6 representantes del Gobierno y 5 del sector privado: se incluyen 5 ministerios, 1 delegado presidencial, 2 universidades privadas, 2 gremiales empresariales y 1 oenegé.


La principal atribución de este comité es aprobar el Programa de Transferencias Monetarias, los criterios de distribución y la forma de entrega de $300 en un mes que anunció el Gobierno para los afectados directos de la emergencia COVID-19.

 

Sin reserva

La Asamblea Legislativa incluyó, además, un apartado para que la información generada por el Fondo no pueda declararse como reservada, y se publique periódicamente en una página web.

Se establecieron, además, auditoría interna, gestión financiera y apoyo de la Corte de Cuentas de la República para fiscalizar todo presupuesto extraordinario, rindiendo también informes mensuales a la Asamblea.

El comité puede proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto extraordinario parcial o total, para atender la emergencia, así como definir la estrategia, planes y programas de reactivación de gobiernos locales.

 




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