Estados Unidos golpeó con fuerza legal a los cabecillas salvadoreños de la Mara Salvatrucha la semana pasada. La dirigencia de la principal banda delincuencial del país es ahora un objetivo de los estadounidenses que quieren a sus 14 cabecillas extraditados por El Salvador y encarcelados en el país norteamericano.

La acusación involucra a los cabecillas de la MS-13 en asesinatos, intentos de asesinato, asaltos, secuestros, tráfico de drogas, extorsión de personas y empresas, obstrucción de la justicia, además, sostiene que la estructura envió dinero producto de actividades ilícitas en EE. UU. a cabecillas en El Salvador.

La acusación señala que la cúpula de la pandilla “ha ejercido su poder sobre el Gobierno de El Salvador”, intimidando funcionarios, instituciones de seguridad pública y a la población en general y evela que la pandilla culpó a los Estados Unidos del derrumbe de la “tregua” promovida entre 2012 y 2014, aduciendo que el gobierno norteamericano presionó al salvadoreño para poner fin al pacto.

Producto del quiebre de la “tregua”, la MS-13 habría ordenado crear una “unidad” dedicada al asesinato de policías y militares, y los cabecillas también ordenaron a las clicas asesinar a un agente del FBI, así como crear un fondo que se situó en $600,000 destinado a la compra de armamento de alto calibre, así como un recrudecimiento de la violencia generalizada.

Es bien importante que Estados Unidos haya dado un paso contundente en este sentido. Como sucedió en Colombia, en el momento que ese país empezó a pedir la extradición de los capos de los carteles de la droga, ese país empezó a enderezar el rumbo y combatir con firmeza al crimen organizado y a aquellos funcionarios que pactaban con los delincuentes. El gobierno y la justicia de El Salvador debe contribuir con Estados Unidos para entregar a esos delincuentes.