La decisión unánime de los magistrados, hace un llamado a mantener el orden constitucional vigente, ordenando a los poderes e instituciones públicas mantenerse en el límite de las funciones que la Constitución y las leyes les imponen. Pese a que el conflicto entre ambos órganos de Estado se mantiene, la institucionalidad en el país ha funcionado.
El Estado Constitucional de Derecho, caracterizado por la división de poderes, la supremacía constitucional y el reconocimiento de los derechos de todos, aún sigue siendo parte de la vida nacional.
Es necesario que las diferencias y desencuentros que se originan en la diversidad de opiniones, que es consustancial a la actividad política, sean llevadas por los cauces democráticos.
La crisis provocada puede ser un factor que brinde al país la oportunidad de cohesionar a la sociedad alrededor de los ideales democráticos. Si las instituciones funcionan y los ciudadanos se involucran de manera pacífica en los asuntos públicos, podemos salir fortalecidos de un desencuentro que nunca debió llegar a los extremos del fin de semana.