Igual que la señalización en algunos espacios públicos, que de forma permanente advierte a peatones y visitantes: “Peligro: alta tensión” esta presidencia se ha convertido en apenas dos meses en una verdadera fuente de inquietud. Sus anunciadas conferencias de prensa se realizan de noche, muestran los peores escenarios de muerte y desolación que se viven en otros países y advierten constantemente sobre el inminente colapso del sistema de salud, a la vez que acusa a cualquiera de sus detractores de desear la muerte masiva de los salvadoreños.
Esta forma de proceder, sumada a los desvaríos del mismo presidente al atacar a la prensa y desconocer el contenido de las normas jurídicas fundamentales, riñe directamente con una de sus principales atribuciones, contenida precisamente en la carta magna y que consiste en: “Procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad.” ordena el Art. 168, ordinal 3° de la Constitución.
Nada de esto se está cumpliendo y lejos de ello, Bukele ha logrado revivir los peores fantasmas del pasado, ya que pese a las sentencias de la Sala de lo Constitucional que le ordenan abstenerse de seguir utilizando a las fuerzas policiales y militares como si de fuerzas de ocupación se trataran, estas continúan deteniendo a cientos de personas por considerarlas sospechosas o culpables de incumplir la cuarentena domiciliar, lo que constituye un abuso y un verdadero desafío al mandato judicial que lo prohíbe.
Como si esto no fuera suficiente para propagar más miedo entre la población, véase el desenlace de la recientes protesta de los “trasladados” al Centro de Contención de “Monte Carmelo”… fue reprimida utilizando a pelotones de policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) a pesar de que se trataba de un grupo de ciudadanos que tras cumplir cuarenta y dos días de detención, exigían una respuesta estatal sobre su estado de salud y sobre la fecha de regreso a sus hogares. Tras declararse en huelga de hambre, terminaron siendo traslados de noche hasta otro centro en el Departamento de Morazán, alejados de sus familiares y de los medios de comunicación que dieron amplia cobertura a dicho incidente, circunstancia que molesta a un gobernante más preocupado por su buena imagen que por rendir cuentas como se lo ordena la ley.
Este estilo de gobernar no es aceptable, ni siquiera lo sería en el ámbito privado o empresarial del que se supone proviene el presidente, y donde la eficiencia y la productividad de las empresas dependen también del cumplimiento de ciertas reglas y de la capacidad para generar confianza entre colaboradores y colegas. Esta tensión constante, no sólo está causando estragos en la salud mental de la población, sino que la hace a esta más vulnerable, al ser uno de los factores detonantes del acaparamiento, de mayores niveles de violencia intrafamiliar y de ansiedad al momento de tener que salir a la calle.
No puede hacerse referencia a la violación ya sistemática de los derechos humanos y a los mensajes de miedo en horas nocturnas, sin detenernos también en la difusión presidencial de una campaña publicitaria guerrerista, en la que esta pandemia se identifica con una batalla, y al personal médico como “nuestra primera línea de defensa”, con el ministro de la defensa nacional armado como si ante una invasión se enfrentara, asumiendo su nuevo rol de guardián de vidas, como si el virus pudiera combatirse con balas y no con medicamentos o manteniendo la paz entre la población.
A esto hemos llegado en El Salvador, a sustituir el respeto por el principio de legalidad como eje transversal de la administración pública, por la extensión a lo largo del territorio, de un cable de alta tensión enchufado al mismo despacho presidencial.