El proceso judicial contra siete políticos acusados de haber negociado con pandillas es francamente triste, decepcionante. Lo es aún más si nos ponemos a pensar que en el contexto de 2014, los dos candidatos presidenciales -Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano- hicieron esas negociaciones, según dice la Fiscalía.

En el fondo, esto confirma que la nación entera ha sido rehén de las pandillas, hemos estado a merced de estas bandas delincuenciales desde el más humilde de los hogares hasta la más encumbrada candidatura presidencial. Preocupante.

Hay que decirlo claramente. Aquí han tenido que negociar con pandillas no solo los políticos, sino todos los salvadoreños. A diario miles de personas tienen que negociar sus vidas por medio de las extorsiones que sufren de parte de las pandillas hasta para salir de sus casas. Muchos tienen que negociar para evitar que los maten o cometan abusos sexuales.

Las empresas de todos los niveles y rubros también han tenido que negociar con pandillas. Desde los que distribuyen productos de primera necesidad en los sectores más peligrosos del país hasta grandes empresas que hemos visto paralizar sus operaciones ante el acoso de las bandas de delincuentes.

Lo que nos lleva a un punto esencial. No hay justificación para lo que a estos políticos se les acusa. De ninguna manera. Pero este país ha vivido extorsionado, secuestrado por las pandillas a todos los niveles, obligado a negociar con estos delincuentes para poder sobrevivir.

De ahí que es vital enfrentar con firmeza las extorsiones. Las autoridades no pueden seguir postergando una ofensiva nacional contra este flagelo que nutre al crimen organizado y que ahoga la economía nacional, que aumenta costos y desincentiva los pequeños negocios y desalienta las inversiones. No podemos seguir de rehenes.