El Viceministerio de Transporte ha anunciado el proceso de cambio de placas para el año 2021, y esto puede parecer una simple acción administrativa, pero en realidad puede ser una valiosa oportunidad para que el gobierno demuestre su compromiso por mejorar la institucionalidad del Estado. Dicho cambio de placas no será masivo como correspondería (recordemos que el último cambio se dio en 2011), y la justificación dada por el Ministro de Obras Públicas que la pandemia ha afectado el bolsillo de los salvadoreños es totalmente comprensible. Por lo tanto, el próximo año únicamente se cambiarán placas por motivos de extravío, robo, hurto, deterioro, decomiso o nueva matrícula. Tal situación se vuelve propicia para que el gobierno central, a través del Viceministerio de Transporte aproveche la oportunidad para ordenar de una vez la asignación y utilización de las placas, enfocándolo más en la parte normativa que en la procedimental. Lo explico a continuación.

El artículo 34 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial (RGTSV) define el significado de la letra antepuesta al número de placa para indicar el tipo de automotor, así: “O” oficial, “N” nacional, “CD” cuerpo diplomático, “CC” cuerpo consular, “P” particular, “AB” autobús, “MI” misión internacional, “MB” microbús de transporte público de pasajeros, “PNC” policía nacional civil y “E” ejército, entre otras. En consecuencia, todos los vehículos de los Presidentes de los Tres Órganos del Estado, del Vicepresidente de la República, de los Ministros y Viceministros de Estado y el automóvil del Arzobispo de San Salvador, deberían identificarse con la letra “O”, cosa que hoy por hoy no sucede. Lo mismo debería aplicarse a las patrullas policiales que deberían identificarse todas con las letras PNC y no con la “N” como se identifican actualmente; y todos los vehículos militares con la letra “E” –creo que esto sí se cumple- para dar fiel cumplimiento al RGTSV.

Es entendible que en la época de la guerra fuera necesario camuflar o encubrir con placas “P” los vehículos de los funcionarios de gobierno por el riesgo que corrían de sufrir atentados o intentos de secuestro, pero ese argumento pierde validez si pensamos que estamos por cumplir 29 años de vivir en paz –aunque sea conceptualmente-. En los tiempos actuales, en aras de contribuir con la transparencia, no es justificable que los funcionarios de gobierno utilicen placas con identificación “P” en un bien propiedad del Estado. Exceptúo de esta última valoración los vehículos pertenecientes al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), pues la discreción y el sigilo son parte fundamental de su funcionamiento.

Así mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que asumir su rol en este tema pues las placas con identificativos CD, CC y MI son de su absoluta competencia, incluso para solicitar a la autoridad respectiva y coordinar con ésta, un cambio en el diseño y los colores que identificarán este tipo de placas especiales; lo menciono por la sencilla razón que a diferencia del salvadoreño común, los funcionarios diplomáticos, consulares y de organismos internacionales acreditados en el país gozan de inmunidades y privilegios, y el uso de las placas especiales determinan el diferente alcance de protección que éstas les conceden respecto a la leyes nacionales.

En la actualidad, dichas placas especiales son todas de color amarillo, dando paso a que las autoridades de tránsito apliquen las mismas normas de inmunidad por igual, lo que no es correcto. Recordemos también que los cónsules honorarios, personajes salvadoreños de gran valía que han sido reconocidos por gobiernos extranjeros con tal distinción honorífica, tienen la prerrogativa de utilizar placas con denominación “CC” en los vehículos de su propiedad, pero eso no los excluye de la obligación de cumplir con las leyes de tránsito y de ser objeto de multas por las infracciones que en dicho sentido pudieran cometer. Como se puede comprobar, el tema de la sustitución de placas no es un simple procedimiento administrativo sino que conlleva un alto compromiso con el cumplimiento de la legislación interna que rige la materia. Decisiones y acciones que corrijan el pasado y lo mejoren, es lo que los salvadoreños necesitamos y agradeceremos del gobierno.