El FMLN pide la liquidación de las AFP e instaurar una autónoma estatal para manejar el ahorro de trabajadores para sus pensiones por vejez. / DEM


El analista político y economista César Villalona, uno de los autores de la única propuesta que busca revertir la privatización del sistema previsional, asegura que el anteproyecto de ley presentado por el FMLN tendría “una sostenibilidad garantizada por al menos 32 años”.

El 24 de septiembre de 2019, diputados del FMLN dieron iniciativa a una propuesta de ley para nacionalizar el sistema de pensiones en El Salvador, que crearía una institución autónoma para administrar los ahorros de los trabajadores y entregaría una pensión mínima universal de $300.

Diario El Mundo consultó al economista para saber cómo funcionaría la institución autónoma y cómo se nutrirá para ser sostenible en el tiempo. Villalona defiende la viabilidad de regresar al sistema público, debido a que la propuesta se forjó con una proyección financiera hasta 2017 y consigue sostenerse, dice, hasta 2052.

“(El sistema público) tiene sostenibilidad de 32 años. Durante ese tiempo, ¿de dónde vienen los ingresos?, de la aportación de la gente, las cotizaciones, la aportación patronal, del rendimiento de los fondos” y la liquidación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), explicó.

En su propuesta, el FMLN pidió abandonar el sistema de capitalización individual y retomar el sistema de reparto, eliminando las administradoras privadas y creando el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (Inaps), que funcionaría como ente tripartito de mayoría pública.

Esta entidad recibiría un 16 % del salario del trabajador, 1 % más que el 15 % que reciben las AFP. El punto adicional, sin embargo, es costeado solo por el empleador, que aportaría un 8.75 % para la cuenta de retiro de los trabajadores. Actualmente, los empleados aportan 7.25 % y los patronos, un 7.75 %.

Este incremento, según el analista, permitirá que la institución tenga más rentabilidad que las AFP actuales. Al no tener fines de lucro, dice, cobrará una comisión del 0.5 % para administración en lugar del 1.9 % actual que cobra el sector privado.

Villalona recalcó que el sistema público ofrecería una pensión mínima igual al salario mínimo del sector comercio y servicios vigente, de $300; mientras la pensión mínima actual es de sólo $206. La última reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), aprobada en septiembre de 2017, evitó que el país cayera en impago de la deuda de pensiones, pero tanto el Gobierno como los diputados la califican como “un parche fiscal”.

 

Un mayor aporte de empleadores

 

El Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (Inaps) propuesto por el FMLN, según Villalona, prevé un aporte de 16 % del salario mensual del trabajador a su cuenta de ahorro, de los cuales 8.75 % serían aportados por el empleador, y 7.25 % por el empleado.

 

Calculan 1 % más de los cotizantes

Para la propuesta, se hizo un cálculo de crecimiento de la población cotizante del 1 %, aspiración “conservadora”, indicó el analista. Seguirán recibiendo cotizaciones patronales las personas en condición de discapacidad prolongada y maternidad.

 

Fondos del estado por deuda

Para el funcionamiento del Inaps, toman en cuenta que habrá ingresos por el pago de la deuda previsional a través del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP). Este año pagará más de $300 millones y deberá seguir honrando la obligación por casi 50 años más.