Durante décadas, los diputados han sido los funcionarios públicos más criticados de El Salvador. Se les critica por todo y con razón. Desde el número exagerado de asesores, los gastos de viaje, el tortuguismo a la hora de legislar, el exceso de privilegios y la inmunidad parlamentaria mal utilizada. Eso sucede en parte porque la Asamblea ha sido también el Órgano de Estado que más ha permitido la fiscalización de sus gastos y los medios de comunicación pueden tener conocimiento de ellos y revelarlos.

La Asamblea Legislativa saliente está terminando su periodo con muchas deudas. La polarización política izquierda-derecha hizo mucho daño al parlamentarismo y usualmente provocó entrampamientos y zancadillas que no dejaron avanzar al país en muchas cosas. Los diputados nunca pudieron alcanzar acuerdos mínimos de nación y el sectarismo dio paso a los bloqueos recurrentes.

Ahora entra en vigor un nuevo periodo legislativo con características muy diferentes y peculiares. Para empezar, el partido Nuevas Ideas y su aliado Gana tienen mayoría absoluta en la Asamblea y el control de la agenda, gastos y operaciones legislativas será total por parte de ellos. El gran reto es que eso no impida la transparencia y la rendición de cuentas que, con todos sus defectos, se vieron obligados a practicar sus antecesores.

Un principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia. La nueva Asamblea Legislativa debe tener en cuenta siempre eso. La imposición es fácil pero el diálogo es más duradero por difícil que sea. Legislar en beneficio de todos los salvadoreños es la mayor expectativa que tienen los votantes, demostrar que pueden ser mejores que sus antecesores en lo positivo.