La Corte de Cuentas sigue en la encrucijada en que la ha dejado su propia trayectoria: ser una institución complaciente y tolerante con la opacidad o asumir un rol dinámico y efectivo en la vigilancia del gasto público a la altura de las expectativas.

En tiempos de pandemia, la Corte de Cuentas busca cumplir lo que en circunstancias normales no ha podido lograr: emprender una labor fiscalizadora, capaz de anticiparse a las irregularidades, y hacerlo de manera independiente sin consideraciones partidarias o de ventaja política para cualquiera de los titulares.

Ahora que se aproxima una nueva elección de magistrados, la necesidad de contar con personas capaces y con iniciativa en el el combate a la corrupción, va de la mano con la difícil situación económica que la administración y el país enfrentan.

No es aceptable seguir con una institución contralora que no señala, que no critica ni advierte a tiempo sobre las irregularidades de gobiernos centrales o municipales.

Se necesita una Corte de Cuentas integra y transparente, libre del sistema burocrático heredado tras décadas de inoperancia, que no sólo atienda a los procesos formales sino que también a la misión que justifica su existencia: vigilar, controlar y recuperar fondos públicos.