En El Salvador, no es lo mismo caminar una cuadra en los zapatos de un niño que caminar una cuadra en los zapatos de una niña, por lo que estoy convencida que es necesario dar mayor visibilidad al alto grado de vulnerabilidad en el que viven las niñas en este país, para que más personas e instituciones nos comprometamos a protegerlas y a encontrar soluciones. La constante exposición al riesgo de sufrir diversas formas de violencia, sobre todo de tipo sexual, en la que viven las niñas y adolescentes es tan abrumadora que muchas más personas y organizaciones deberíamos dedicarle tiempo y esfuerzo para resolver esta problemática, sobre todo en el caso de las niñas que pertenecen a los sectores más pobres de la población. Los esfuerzos e iniciativas que existen no son suficientes y si estas afirmaciones les parecen exageradas, analicemos los datos.
Las cifras de violencia sexual en contra de las niñas en El Salvador son aterradoras. Según el Observatorio de Violencia de Ormusa, en 2018, el 76.51 % de los hechos de violencia sexual en el país se cometieron en contra de niñas y adolescentes menores de 17 años. Según este observatorio, la Policía Nacional Civil (PNC), ha recibido un total de 887 denuncias por delitos sexuales de enero a marzo de 2019, de los cuales el 75 % de las víctimas tiene menos de 17 años, con un promedio diario de aproximadamente tres casos de agresiones sexuales como violación y estupro, entre otros. En una conversación reciente con un amigo juez de instrucción, él me comentó que ha visto un incremento notable de casos de violencia sexual en contra de la niñez en los últimos meses. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué lastimamos así a nuestra niñez? ¿Cómo podemos esperar que luego se conviertan en adultos funcionales?
Otra cifra sobrecogedora es la relacionada con los embarazos infantiles, dos palabras que ni siquiera deberían estar en la misma frase. Según el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes de 2017 del Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas (UNFPA), en El Salvador, en 2017 hubo 19,190 embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Entre ese total de embarazos, 781 eran niñas de 10 a 14 años y 8,812, entre 15 y 17 años.
La denuncia de los casos de violencia sexual es extremadamente baja, debido al trauma psicológico, al estigma social y a la revictimización que impone el sistema, entre otros. El informe del UNFPA, menciona que en 2017 hubo 4,621 casos iniciados por delitos en contra de la libertad sexual de menores de 18 años. De esos, solo 1,552 fueron judicializados y en 997 casos se obtuvo algún resultado judicial: 193 absoluciones, 182 sobreseimientos provisionales, 134 sobreseimientos definitivos y 488 condenas. Es decir, que solo 10.6 % de los casos iniciados llega a una condena. Por mi parte, considero inaceptable que en el resto de los casos la víctima queda desprotegida y muchas veces debe regresar al mismo entorno donde ha sido violentada.
Finalmente, un tema todavía más oscuro y doloroso, es el suicidio de niñas y adolescentes que –junto con los varones- muestra una tendencia al alza en los últimos años. Recientemente, el UNFPA publicó un estudio sobre 14 casos de niñas y mujeres, quienes estando embarazadas decidieron suicidarse (¿sin opciones? Muertes maternas por suicidio). En el estudio se exponen 14 relatos desgarradores de desesperación. ¡Cuánto dolor!
¿Es este el país que hemos construido para nuestras hijas? ¿Qué estamos haciendo para fomentar este clima de violencia y qué podemos hacer para cambiarlo YA? Muchas de estas cifras son solo la parte visible del iceberg. Las cifras reales son todavía más aterradoras. Urge tomar acción y no abandonar a nuestras niñas.