La proclama que hicieron pública los miembros de la juventud militar en las primeras horas de la insurrección, bien puede calificarse ahora, cuatro décadas después, como una verdadera proclama contra la corrupción. No solo se trataba de deponer a un régimen cuestionado nacional e internacionalmente, sino que a la vez, separar de la administración pública a decenas de funcionarios civiles y militares que se negaban a reconocer cualquier tipo de oposición política, la posibilidad de organizar unas elecciones libres y que se resistían a dar cuenta sobre el uso de los recursos a su cargo.
Iglesias y sindicatos, universidades y cámaras empresariales fueron las voces constantes en sus críticas ante la falta de honradez en el manejo de los asuntos del estado. Una misión del parlamento británico constató en 1978 la existencia de detenciones arbitrarias y otros abusos de derechos humanos en el sistema penitenciario. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también visitó el país y aunque lo hizo invitada por el mismo gobierno de Romero, no hizo más que confirmar los abusos ya señalados antes por actores locales y foráneos.
La situación no podía ser más grave y el golpe de estado, que ya era un secreto a voces, terminó consumándose en las primeras horas de la mañana del lunes 15 de octubre de 1979, sin que se dieran combates o mayor resistencia entre los disidentes y las fuerzas leales al gobierno. Horas después de producirse el levantamiento en las principales guarniciones del país, el derrocado presidente Romero fue expulsado del territorio y puesto en un avión con rumbo a Guatemala, acompañado de algunos de sus más cercanos colaboradores.
La proclama que en breve se dio a conocer, justificó la acción señalando las cuatro causas origen de la rebelión: la violación de los derechos humanos del conglomerado, la corrupción en la administración pública en general y en la administración de justicia en particular, la existencia de “un verdadero desastre económico y social” creado por el gobierno depuesto y, finalmente, el desprestigio causado para el país “y a la noble Institución Armada integrada por sus propios hijos…”.
El tema de la corrupción es mencionado en cuatro ocasiones en esta proclama de la juventud militar, el problema abarcaba de acuerdo con los golpistas, desde la organización de “escandalosos fraudes electorales”, hasta la adopción de “programas inadecuados para el desarrollo”, en manos casi siempre de autoridades vulnerables al soborno y a la compra de voluntades.
Para erradicar estas prácticas en la proclama se insiste en la integración de “una Junta Revolucionaria de Gobierno compuesta mayoritariamente por elementos civiles, cuya absoluta honestidad y competencia están fuera de toda duda…”. No fue extraño entonces que días después del golpe militar, se buscara a profesionales destacados de la academia, entre los partidos políticos de oposición y también del empresariado “consciente y de proyección social del país”, para que todos juntos integraran un nuevo gobierno de unidad.
Sobre estos últimos, el documento que amparó el golpe contiene una reflexión sobre cómo la incapacidad y corrupción de los funcionarios del régimen depuesto, era lo que había provocado un clima de desconfianza y la fuga de capitales que podían ayudar al desarrollo nacional. Además, se distinguía entre dos tipos de empresarios, aquellos que habían apoyado al gobierno de Romero y a sus antecesores, como una forma de frenar cualquier política de reforma social, y aquellos comprometidos con la modernización del país y el bienestar nacional, que eran los invitados a colaborar con el nuevo gobierno en gestación.
Lo que no admitía dudas, era el señalamiento de la corrupción como un problema arraigado en las prácticas de los gobiernos militares, lo que explicaba además el descontento de los jóvenes oficiales comprometidos con la asonada, y que junto a representantes de sectores reformistas y de la empresa privada, veían en aquella época postergados los planes de transformación que el país requería, pero también sus ascensos y las mejoras en el nivel de vida de los miembros de su institución, ante la inamovilidad jerárquica de las jefaturas que gozaban de múltiples prebendas producto del abuso en el mando.
Vista en la distancia la rebelión militar de 1979, este puede considerarse como un intento fallido para corregir las causas estructurales que meses después harían estallar la guerra civil.
Los cuatro grandes problemas a los que se refiere la proclama y que fueron citados al inicio, aún se mantienen en mayor o menor medida, siendo la corrupción y la falta de rendición de cuentas, las que probablemente sustentan la existencia del resto, poniendo en peligro –aun en la actualidad- la continuidad de la democracia tal y como lo advirtieron los militares rebeldes hace cuatro décadas.