Esas acciones de calle a quienes perjudican seriamente es a la ciudadanía que tiene que soportar primero los focos de infección que provocan los promontorios de basura en tiempos de pandemia. Eso no es una cuestión política, es una cuestión de la más mínima consideración a la ciudadanía.
No hay justificación para semejantes acciones. Hay un proceso legal que han empujado los sindicalistas y hay que dejar que las instituciones funcionen sin presiones ni injerencias políticas de ninguna parte.
Impedir la recolección de basura o que los camiones logren entregarla al relleno de Nejapa es claramente un acto político electoral que solo seguirá perjudicando a la población de la capital.
Además, ningún bloqueo de calles será jamás un acto popular. Por el contrario, la población afectada siempre resultará molesta porque un grupo político le impida circular libremente a su trabajo o a sus diligencias personales. Esto es especialmente delicado en estos tiempos que la gente busca recuperar lo perdido durante los meses de confinamiento.
Y finalmente, la Policía Nacional Civil se ve muy mal apañando estos actos y tal como lo muestra la acusación fiscal de esta semana al jefe policial de San Salvador, se trata de incumplirle deberes, no cumplir en proteger los derechos de las mayorías perjudicadas por estos hechos.