En las décadas de los 80 y 90, muchos de los procesos de reforma constitucional en la región estuvieron impulsados por el éxito de las luchas de liberación nacional (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) que terminaron empujando sendos procesos de democratización, dando al traste con las más rancias dictaduras militares que se enseñoreaban con el beneplácito de las diferentes administraciones en Estados Unidos. En otros casos, las reformas crecieron al amparo de corrientes “modernizadoras” que al final terminaron montando el piso de sendos procesos de privatización de los activos nacionales.
El nuevo milenio trajo un tsunami de nuevas constituciones entre las que destacan la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, introduciendo obligaciones del Estado para el desarrollo social y la equidad, y una transformación institucional para asegurar el cumplimiento de derechos. En ese mismo tenor conocimos el proceso constituyente para “El Buen Vivir” de Ecuador que introdujo mecanismos de participación ciudadana; así como la transformación constitucional de Bolivia, reconociendo -entre otros- los derechos de los pueblos originarios. Estos procesos constituyentes abarcaron diferentes énfasis en Colombia, Paraguay, Perú, Argentina y Brasil.
En la actualidad una nueva corriente de reformas recorre Latinoamérica, poniendo en el debate un conjunto de temas coincidentes como la interacción de la administración de justicia, pretendiendo esclarecer los límites a la presunta judicialización de la política -especialmente después de eventos como la crisis política brasileña-; la ampliación de las competencias de los Concejos Nacionales de la Judicatura para limitar competencias administrativas a las Cortes Supremas de Justicia, así como las presuntas ventajas de separar en Tribunales Constitucionales.
A la constante búsqueda de reformas no escapa la urgente necesidad de endurecer los frenos y contrapesos para un correcto funcionamiento de los poderes de Estado, sobre todo entre legislativos y ejecutivo, urgentes después del arribo al poder de regímenes populistas de corte autoritario que están dinamitando las bases de la institucionalidad democrática surgida del sacrificio de luchas sociales y políticas. Esto incluye el debate sobre el rol de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, que debieran estar sujetos al mandato constitucional y no como instrumentos represivos en función de caprichos autoritarios devenidos de intereses partidistas.
Es coincidente la demanda en cada país para reconocer y ampliar los derechos sociales y económicos que garanticen un hábitat integral para una vida digna y de calidad, agregando la firme protección y recuperación ambiental, que incluye el derecho humano al agua; así como la necesidad de mecanismos que aseguren la democracia directa, empoderando a la ciudadanía para decidir sobre temas de interés público mediante figuras como el referéndum; esto incluye la demanda para realizar procesos genuinamente participativos en la gestión de reformas constitucionales que debieran ocurrir fuera de la tutela interesada de los gobiernos de turno. Eso sí, esto requiere mucha información hacia la ciudadanía.
A cualquier proceso de reforma constitucional, precede la evaluación de los presuntos fallos o insuficiencias del marco constitucional y normativo vigente; así como una profunda evaluación de los vicios, calidad y duplicidad de funciones de las instituciones a la luz de su desempeño histórico; considerando: el grado de evolución social, político y económico; el desarrollo de la cultura cívica y democrática de la sociedad, reflejada en el conocimiento y dominio de derechos y incluyendo los requerimientos para avanzar en el proceso de integración regional.
¿Es posible un análisis objetivo de una reforma constitucional, bajo la tutela de un régimen autista carente de brújula, carente de transparencia, empecinado en el enfrentamiento con los que piensan diferente?