La propuesta ha generado críticas por lo que algunos consideran un atentado a la libertad de expresión y una forma de intimidación y censura previa en internet y redes sociales. Es real que desde perfiles falsos y sitios de fake news se producen campañas de difamación, injurias, calumnias contra personas públicas e incluso privadas, pero ofrecer esta forma de censura y persecución no es la solución. Todo esto ya se puede sancionar con las leyes existentes.
El problema es que penalizar con cárcel una vez más los delitos contra el honor, no solo es un retroceso a los avances que ha tenido el país en materia de libre expresión desde que en 2011 se eliminó la cárcel por ese tipo de delitos, sino también una violación a derechos fundamentales y convenciones internacionales, además de una muestra enorme de intolerancia.
¿Será que la clase política busca con esta reforma no ser criticada mordazmente a través de las redes sociales? Lo sensato, lo lógico es retirar esa propuesta y enfocarse en temas más importantes.