Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y de la Fiscalía General de la República (FGR) criticaron ayer la lentitud con la que los diputados estudian el proyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa tiene en sus manos el proyecto desde noviembre de 2018.

Los diputados habían avanzado en el estudio de 30 artículos pero ayer decidieron volver a redactar el proyecto para empezar el estudio nuevamente desde el artículo 1.

Esto generó molestias en algunas instituciones de la Unodc. “Llevamos dos años en este proceso de redacción. Hicimos 80 mesas públicas y talleres donde hemos convocado muchos actores del tema. Si van a redactar eso, pero si van en contra de los estándares, nosotros no podemos aconsejar al país en algo que van a sacar una mala nota, que implica un retroceso, hacia donde ustedes van en la aplicación de la medida”, les advirtió Mónica Méndez, jefe de la Unodc.

El diputado Antonio Almendáriz, presidente de la Comisión de Seguridad, justificó que, pese a que había un consenso al momento de debatir el articulado, hay muchas observaciones de instituciones y no se puede avanzar. Pidió a los técnicos volverse a reunir y elaborar una nueva redacción para presentarla en 15 días a la Comisión de Seguridad.

“Alguien no va a quedar a gusto porque la ley no se puede acomodar al gusto de algunos que se van a sentir afectados”, dijo Almendáriz.

 

Ya lo habían aceptado

Marco Ortega, analista de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, también cuestionó el atraso. “Llevamos de 80 a 90 mesas de trabajo y aquí la mayoría de entidades ha participado. Hay momentos que llevábamos discusiones de cuatro horas en un artículo. Resulta que ahora esas instituciones, tienen observaciones a los 105 artículos. ¿Cómo es posible que en un momento aceptaron esa situación y ahora ya vienen, después de dormir y despertarse, quieren cambiar?”, señaló.

Agregó que a las instituciones en equipos de trabajo se les previno que no era posible hacer cambios y ahora quieren “sorprender” con nuevas modificaciones.

En el debate participan, cooperativas financieras, representantes de bancos, la Fiscalía General de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Seguridad, entre otras.