La Sala ordenó que el Estado debe reconocer el fenómeno del desplazamiento. / DEM
La coordinadora de atención a víctimas de violencia del Servicio Social Pasionista (SSPAS), Johana Ramírez, dijo ayer que urge se tipifique el desplazamiento forzado para que responda a las necesidades de las personas que están en dicha condición.
Ramírez indicó que la atención y protección que brindan los órganos del Estado a víctimas de desplazamiento forzado actualmente es “limitada”, porque son atendidos a través de leyes y programas ya existentes que no contemplan las necesidades que tiene la población en condición de desplazados porque tipifican “el problema” como limitación a la libertad circular.
“Exigimos un marco normativo de protección que responda a un tema de prevención de la violencia, atención a las víctimas y sobre todo, atención integral, queremos un marco normativo que proteja a las víctimas de desplazamiento pero que también sea el sustento para la adopción de víctimas de las distintas formas y expresiones de violencia”, dijo Ramírez.
La Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la violencia presentó ayer su balance de los primeros 100 días del presidente de la República, Nayib Bukele, donde miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que los gobiernos anteriores no han sido capaces de brindar atención a las personas que sufren desplazamiento.
Asimismo, el abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), David Ortiz, señaló que es importante que Bukele incluya en sus discursos del plan Control Territorial como atenderá a las víctimas de éxodos, quienes también forman parte “del problema de seguridad”.
“Exigimos al nuevo Ejecutivo que las víctimas figuren en el tema seguridad y se evalúe la estrategia para atender las víctimas; no sabemos cuál es el abordaje que el Gobierno dará en este tema de desplazamiento forzado”, aseveró Ortiz.
El pasado 10 de septiembre, la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa que discute la creación de la Ley especial para la prevención y protección de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado, aprobó que las personas desplazadas tienen derecho a recibir un trato digno, a que el Estado garantice la integridad personal y que haya protección especial y prioritaria cuando las personas desplazadas sean niñas y niños.
En 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amparó a un grupo de víctimas de desplazamiento forzado a causa de las pandillas y ordenó que la Asamblea Legislativa legisle sobre un marco normativo para protegerlas.