Un hombre vota en un colegio electoral en Montevideo. AFP
Los uruguayos comenzaron a votar este domingo para elegir nuevo presidente, en una elección que podría dirimirse en un balotaje y en la que los votantes deberán pronunciarse también sobre una reforma de seguridad que promueve la creación de una guardia nacional militarizada.
Las mesas de votación abrieron a las 08H00 locales (11H00 GMT) para que sufraguen unos 2,6 millones de ciudadanos habilitados, en unos comicios que tienen como favoritos al oficialista exalcalde de Montevideo Daniel Martínez, con 40% de la intención de voto, y al exsenador de centroderecha Luis Lacalle Pou, con 28%.
El candidato presidencial Daniel Martínez. AFP
El postulante del Frente Amplio (izquierda) y el del Partido Nacional pasarían a una segunda vuelta que tendría lugar en noviembre si ninguno obtiene la mitad más uno de los votos válidos.
El presidente Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda), que culminará su segundo mandato el 1 de marzo, dijo este domingo que "los uruguayos tienen gran adhesión al sistema democrático", y se refirió también a su salud, luego de ser diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón.
"Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo presidente", expresó Vázquez a periodistas a la salida de su casa según declaraciones que consigna el diario El Observador.
- Dos visiones de país -
Mientras Martínez, un ingeniero de 62 años, propone la continuidad de las políticas del Frente Amplio, que gobierna desde 2005 y busca su cuarto mandato, Lacalle Pou, un abogado de 46 años, plantea cambios en materia de gasto público, comercio y política exterior.
Durante la campaña el candidato opositor ha sido un duro crítico del persistente déficit fiscal en Uruguay, que durante los gobiernos del Frente Amplio ascendió a 4,8% del PIB, y ha propuesto una serie de medidas para ahorrar en el Estado pero sin subir impuestos tras varios ajustes fiscales basados en incrementos de tributos y alzas de tarifas de servicios públicos.
El candidato oficialista, en tanto, no descarta ninguna herramienta para subsanar los problemas de caja de Uruguay, que tiene gran acceso a los mercados de deuda y financia su brecha financiera con ese mecanismo.
Mientras Lacalle Pou ha calificado de "vergüenza nacional" la política uruguaya de cercanía con Venezuela, Martínez declaró a la AFP que continuaría "totalmente" con la tesitura actual del gobierno del Frente Amplio, que evita condenar al régimen de Nicolás Maduro en foros internacionales y tiene una relación muy cercana desde siempre con el chavismo.
Martínez se dice aperturista en materia comercial, pero tiene reparos en firmar cualquier tipo de acuerdo de libre comercio, en particular si no existen salvaguardas para el desarrollo local de tecnología y las compras públicas.
Lacalle Pou ha señalado, por su parte, que irá por una diplomacia comercial para abrir mercados y atraer inversión extranjera que permita paliar el desempleo de 9%, luego de las dificultades que ha tenido el gobierno de Tabaré Vázquez para avanzar en tratados a los que se opone su fuerza política.
- La seguridad a las urnas -
Además de elegir presidente y renovar el 100% del Parlamento, los uruguayos se pronunciarán sobre una propuesta de reforma constitucional sobre seguridad.
Considerado en otra época un oasis de paz en una región turbulenta, Uruguay ha visto degradarse sus estadísticas de seguridad en los últimos años. El país registró un récord de homicidios en 2018 (414), con un alza de un 45% respecto a 2017.
La reforma promueve la creación de una guardia nacional con efectivos militares en tareas policiales; la instauración de la cadena perpetua "revisable" a los 30 años para delitos graves; penas más duras de prisión para homicidas y violadores, y la autorización de allanamientos nocturnos de hogares por orden judicial en caso de sospecha de ilícitos.
Aunque no la apoya ninguno de los 11 candidatos presidenciales y ha sido objeto de una fuerte campaña en contra por parte de movimientos sociales, sindicatos y el oficialista Frente Amplio, según encuestas publicadas esta semana, entre 39 y 53 por ciento de la ciudadanía se declara favorable a la propuesta.