La administradora de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, anunció este lunes una inversión de $115 millones para programas que realizarán en El Salvador.

Esos fondos ser destinarán a capacitación laboral, prevención de violencia en comunidades, prevención de violencia de género y asistencia a víctimas.

Adicionalmente, para la región del Triángulo Norte, la USAID dispondrá $12 millones para ayudar a negocios pequeños y medianos a recuperarse del covid19, $5 millones para empoderamiento de la mujer, y $7.5 millones para empresas e innovación.

 

Corrupción.


La ayuda estadounidense fue anunciada en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), precisamente cuando el gobierno de EEUU insiste en el respeto al Estado de Derecho y rechazando los cierres de entes que combaten la corrupción en la región.

Power advirtió que si “la corrupción se permite que ande rampante y si jueces independientes son destituidos” y “si las instituciones contra la corrupción son cerradas” –Cicig en Guatemala, MACCIH en Honduras y CICIES en El Salvador– los gobiernos “van a terminar con sus aspiraciones y el potencial de su propia gente”.
La experiencia ha mostrado por qué es tan importante estar contra la corrupción y la conducta autocrática, no importa dónde ocurra”. Samantha Power, directora de la Usaid

Aleja la inversión.


La alta funcionaria estadounidense intentó explicar a las autoridades salvadoreñas que el Estado de Derecho no es algo decorativo, sino que “mantiene a la inversión directa extranjera a un lado”.

Explicó que el “Estado de Derecho” es “lo que da a las personas y los negocios la confianza de que cuando ellos sean maltratados tengan la oportunidad de tener una enmienda”.

Insistió en que para la prosperidad a largo plazo es nesaria la democracia, la libertad de prensa, la sociedad sin restricciones, la separación de los poderes, las elecciones transparentes y libres, y los derechos humanos.

Estados Unidos, a través de la USAID, suspendió la asistencia a la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública, así como a la Corte Suprema de Justicia, por considerar que la Asamblea Legislativa no siguió el debido proceso para destituir a la Sala de lo Constitucional y del fiscal.

El enviado especial del Departamento de Estado de EEUU, Ricardo Zúñiga, dijo en El Salvador que la Asamblea Legislativa debería restablecer el orden que se tenía antes del 1 de mayo. El Gobierno dijo no hay reversión.

 

El dato


El punto de inflexión entre Estados Unidos y El Salvador se marca desde el 1 de mayo. EE.UU. ha tomado medidas: pronunciamientos, lista de corruptos y redirección de ayudas.