“Se trata de la utilización idónea y adecuada de los medios de vigilancia electrónica en los casos de pena de prisión de tres a cinco años, el juez o tribunal podrá otorgar la suspensión provisional de la ejecución de la pena y además impondrá motivadamente el uso de medios de vigilancia electrónica atendiendo los mismos criterios y condiciones reguladas en este mismo artículo”, expresó la directora de la Ute, Kenia Melgar de Palacios.
A pesar de que la Ute avaló la propuesta de reforma, los partidos Arena y PCN la cuestionaron y plantearon que esta reforma podría beneficiar a las personas que han sido condenadas de tres a cinco años por delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones ilícitas y malversación de fondos.
Los diputados de Arena, Bonner Jiménez y Ricardo Velásquez Parker, pidieron que la Ute elabore un listado de los delitos que no deberían de gozar del beneficio del brazalete electrónico.
A la propuesta de Arena, de pedirle a la Ute un listado de delitos que deben quedar excluidos del beneficio del brazalete electrónico, se sumó la diputada EiIleen Romero, del Partido de Concertación Nacional (PCN).
“Que nos manden un listado de los delitos que pueden quedar excluidos de esta propuesta de reforma al Código Penal”, dijo la legisladora y agregó que legislarán para que el brazalete electrónico sea una “herramienta utilizada en los casos que lo amerite”.
La propuesta de reforma fue presentada el año pasado por el Ejecutivo a través del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y comenzó a ser discutida desde finales del mes pasado.
El FMLN, partido en el Gobierno, no se mostró a favor de que la Ute elabore un listado de delitos de corrupción que deben quedar excluidos del beneficio del brazalete electrónico. En cambio, el diputado Javier Valdez, de ese partido, sugirió que la Comisión de Legislación elaborara ayer un dictamen favorable de la propuesta de reforma.