El foro sobre la CICI se desarrolló en la Uca. /Foto: @Saracais1
El abogado Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), aseguró hoy que la creación de una Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en El Salvador es urgente.
Afirmó que “todo acuerdo como instrumento para superar la impunidad es constitucional, necesario y urgente”, lo cual consideró "no implica una carta blanca para que El Salvador diseñe cualquier tipo de acuerdo”.
Escalante señaló que, dado que el sistema judicial es el garante del ordenamiento jurídico y es la vía adecuada para combatir la impunidad, “lo más conveniente es que el acuerdo internacional sea celebrado con la participación de los órganos competentes”, Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, añadió que es constitucionalmente es posible celebrar un acuerdo, a pesar que no sea negociado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que el artículo18, literal n, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece la posibilidad de que la Fiscalía establezca convenios de cooperación internacional.
“Es posible que los convenios puedan orientarse a ejercer investigaciones de delitos que pueden ser transnacionales pero no exclusivamente... Si no es posible (aprobación de la Cicies), queda esta alternativa: que se firme entre la Fiscalía y el organismo internacional”, afirmó.
Las consideraciones fueron brindadas en el foro "¿Es posible una CICI en El Salvador?" organizado por American University, de Washington, y la Uca.
En la introducción del foro, Andreu Oliva, rector de la Uca, observó que la propuesta no es nueva, ya que el expresidente Mauricio Funes también lo planteó y lo desechó. “Parece que es más decidida y hay una voluntad de realizarla con apoyo internacional”, aseguró, sobre una propuesta similar del presidente de la República, Nayib Bukele.
Oliva señaló que “El Salvador tiene un alto índice de la impunidad que se extiende más allá de los corruptos, una impunidad que fue absoluta contra los crímenes de guerra” y “que deja a buena parte de los corruptos sin ningún tipo de juicio ni condena”, incluyendo a traficantes de armas, drogas, crimen organizado y autores de extorsión.
Consideró un sistema ineficaz. “Ni la Policía Nacional Civil, ni la Fiscalía General de la República, ni el Órgano de Justicia son efectivos en el combate a la delincuencia y que requieren apoyo, técnico, organizativo, económico para tener control del crimen y que sean condenados aquellos que son culpables”, expresó.
Por ello, al igual que Escalante, concluyó que es una urgencia, ya que la impunidad permite el crecimiento del crimen y otras acciones delictivas, debido a que la cárcel es un disuasivo importante.
“Si la impunidad es superior al 80 % en algunos momentos hemos llegado al índice de victimización, es necesario reforzar el Ministerio Público y su capacidad de investigación. Igualmente la depuración del órgano judicial para apartar del mismo a jueces corruptos. Garantizar la independencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial es una necesidad urgente para que podamos superar la impunidad en El Salvador”, afirmó.
En su intervención, Escalante se preguntó qué pasa si la Fiscalía no presenta requerimiento. “Ante la inactividad, los ciudadanos podrían ejercer la acción penal, podrían presentar una querella y si la Fiscalía no hace nada podrían ejercer la acción penal”, explicó.
Finalmente, señaló que la corrupción no solo puede estar siendo generada por el crimen organizado, sino a través del abuso de la fuerza pública. “Una Cicies, así, podría ayudar a la contención de la violencia actual. Así, una comisión de investigación también debería servir para investigar los homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, torturas y las detenciones ilegales”, afirmó.
Por su parte, Charles Call, profesor de American University, explicó que dos misiones de investigación contra la corrupción en Guatemala y Honduras “han luchado contra la presión de las elites, que buscan cambiar las leyes para preservar la impunidad”.
Explicó que en Guatemala “los dos últimos tres años ha tenido una reacción negativa después de haber judicializado al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales y a las élites” en una campaña fuerte contra la Cicig. “Han sobrevivido estos desafíos pero no ha sido fácil”, dijo.
Call dijo que es importante definir el proceso “por medio de un proceso que incluya a la población”. “Es muy importante tener socios, relaciones fuertes con las instituciones nacionales y con la sociedad civil”, afirmó.