La escuela del caserío Los Cimientos, del cantón Joya del Matazano, en Yamabal, departamento de Morazán, celebraba el día de la madre en el año 2017, ahí llegó Roberto Ruiz, en busca de comida.
Ruiz no es un niño, tenía 30 años -hace tres- cuando ocurrió una agresión que se volvió popular en redes sociales, y donde se observa a un policía agrediéndolo. Ruiz padece una discapacidad cognitiva y física. No habla y “le dan ataques”, según su hermano Nahún Ruiz.
“Así no más lo dejaron, le pegaron porque no se quería salir de la escuela y como él es enfermo, lo sacaron y le pegaron”, dice Nahún.
Según los pobladores del caserío, Roberto Ruiz, siempre llega a la escuela porque le regalan comida. “El muchacho llega, anda su pailita para que le den una comidita, se la echan ahí y él se sienta. Llega al refrigerio escolar, así es la cosa”, dice Celedonio Amaya, cuando los periodistas le recuerdan el suceso.
Los vecinos describen a Ruiz como una persona que no es agresiva ni problemática en el lugar.
“Cuando hay eventos, un velorio, ligerito se da cuenta; se viene con el grupo de gente”, dice Amaya a la prensa.
Investigación
El subjefe de la Policía Nacional Civil de Morazán, Juan Carlos Arévalo, dijo que están investigando e individualizando a los agentes, quienes están asignados en el departamento.
“Tenemos que dar una respuesta ejemplarizante para que quede claro que miembros policiales no pueden actuar de esta manera”, dijo Arévalo y agregó que las prácticas no están dentro de sus técnicas ni doctrina policial.
Añadió que ya tienen identificados a los policías y militares que aparecen en el vídeo, pero están confirmando nombres para evitar violaciones de derechos humanos.
Las investigaciones iniciaron ayer en la madrugada y están en manos de la oficina de investigación disciplinaria de la PNC de Morazán, y de la región oriental; asimismo, de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Ayer, el presidente Nayib Bukele, dijo que se les debe aplicar “todo el peso de la ley” y el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que el caso fue retomado por la Inspectoría.