Este recién pasado miércoles 22 de noviembre estuvimos en San José, la capital de Costa Rica. Poco después de las nueve de la mañana, hora programada para el inicio de la audiencia pública, ingresaron a la sala Eduardo Ferrer Mac-Gregor –vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– y sus colegas Nancy Hernández López, Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg. Posteriormente se incorporaron Ricardo Pérez Manrique, presidente de la misma, y Rodrigo Mudrovitsch. El Estado salvadoreño ocupaba nuevamente el banquillo de los acusados; ahora por el caso de las desapariciones forzadas de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez. La primera fue secuestrada el miércoles 28 de julio de 1982, después del mediodía. Apenas tenía 24 años de edad.

Nacida en Estados Unidos, era madre de dos niñas y un niño. Estudió Sociología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas adonde, en noviembre de 1989, el ejército masacró a seis curas jesuitas y dos mujeres. Trabajó en el Socorro Jurídico Cristiano que, fundado en 1975, fue pionero dentro del país y la región en la defensa de los derechos humanos. Su pequeña oficina, allanada en más de una ocasión por esbirros del régimen, estaba ubicada en las instalaciones del Externado de San José; como la citada entidad de estudios superiores, ese colegio también fue fundado por la Compañía de Jesús.

Al momento de su captura realizada por agentes estatales, como ocurrió horas antes con su hija Paty, el tío Mauricio era administrador de empresas y gerente general de la Asociación Salvadoreña de Industriales; Julia Orbelina acababa de comenzar a trabajar en su casa, de donde ambas víctimas fueron sacadas durante las primeras horas del 29 de julio de 1982 sin que volvieran a ser vistas nunca más. Ni a él ni a ella podían acusar de ser oposición política contra el oficialismo autoritario y represivo de entonces; mucho menos de realizar “actividades subversivas”. Ni siquiera de pertenecer a una organización humanitaria al servicio de los sectores de la población más vulnerables del país.

Tras 41 años y meses de ocurridos los hechos referidos, por la ineficacia del sistema nacional de justicia tuvo lugar la aludida audiencia pública en el interamericano; participaron en esta, con su testimonio, Ana Gladys Pérez de Castro –hija de Julia Orbelina– y Francisco Álvarez Solís quien fuera esposo de Paty; este denunció a un militar como sospechoso de haber tenido alguna participación en la ejecución de estos crímenes contra la humanidad.

En esa “cancha”, adonde hay que “jugar limpio”, el “equipo estatal” alineó figuras “estelares”: Conan Castro, secretario jurídico del Órgano Ejecutivo, haciendo dupla con el “refuerzo” colombiano en el “plantel oficial”. Se trata de Andrés Guzmán, comisionado presidencial para derechos humanos y libertad de expresión; además, admirador confeso de su jefe Nayib Bukele. A ellos se sumaron un par de fiscales y dos abogadas de Cancillería.

Esa “alineación” numerosa y onerosa, costeada con nuestros impuestos, enfrentó al representante de la señora Pérez de Castro y de Álvarez Solís: su servidor, miembro fundador de Víctimas Demandantes (VIDAS). Eso sí, contamos –en favor nuestro– con la meritoria intervención de Julissa Mantilla Falcón quien actualmente se desempeña dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como relatora para El Salvador, para los derechos de las mujeres y para lo relacionado con memoria, verdad y justicia. Tres temas, estos, directamente vinculados con el caso controvertido.

Después de cuatro décadas de acontecido el mismo y más de siete años de haber sido declarada inconstitucional la amnistía –aprobada en marzo de 1993– la comisionada Mantilla Falcón alegó que las investigaciones no habían concluido “en un plazo razonable”; añadió que tampoco se habían identificado y “mucho menos sancionado” a los responsables de las desapariciones forzadas, ni “esclarecido lo sucedido a las víctimas”. Asimismo, solicitó a la Corte Interamericana responsabilizar al Estado por violar “el derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas e identificadas por la CIDH en su informe de fondo”.

El desenlace regional de este litigio queda pendiente. El lunes 8 de enero del 2024, a más tardar, las partes habrán entregado sus alegatos y observaciones finales. Luego, vendrá la sentencia que deberá obligar a El Salvador a hacer funcionar las instituciones correspondientes para cumplir sus obligaciones internacionales sobre verdad, justicia y reparación integral. Además, dicho fallo servirá como aliciente para que demanden otras víctimas de hechos violatorios de sus derechos perpetrados antes, durante y después de la guerra; también de los atropellos ocurridos en los últimos años, sobre todo durante el régimen de excepción. De no ser así, la rueda de nuestra historia seguirá patinando y hundiéndose en la violencia y la impunidad.