Una de las últimas decisiones de la Asamblea Legislativa al llegar el fin de año ha sido otra prórroga del subsidio estatal al transporte público, sin condiciones, prolongando una práctica que por décadas ha derrochado fondos públicos en una especie de barril sin fondo.
Por eso la petición del Fiscal General de la República a la Corte de Cuentas de la República de un examen especial de los fondos otorgados a empresarios de transporte colectivo vía el subsidio estatal, parece un buen comienzo para que se empiece a investigar seriamente este tema.
Tan solo unas semanas antes de la aprobación del subsidio, las autoridades habían suspendido la subvención a docenas de unidades “por no cumplir las condiciones adecuadas para movilizar pasajeros, no realizar recorridos autorizados e incrementar tarifas”.
Eso demuestra que las irregularidades del subsidio son una práctica constante. Es un secreto a voces que muchos transportistas pasan directamente los fondos recibidos a sus cuentas personales y es evidente que en muchísimos casos, la inversión en las unidades es mínima y a veces nula.
Los transportistas deben rendir cuentas del subsidio porque son fondos estatales y las autoridades deben exigirlas rigurosamente.