La corrupción no se limita a la pérdida de recursos, ya que los mismos tienen un alto costo de oportunidad. En contextos como el salvadoreño cada centavo perdido en corrupción significa que hay menos recursos para garantizar la educación, salud o seguridad de nuestra población. Además, la presencia continua de la corrupción en nuestra sociedad se ha convertido en una de las principales causas de la pérdida de legitimidad del quehacer del Estado y de sus funcionarios, así como del sistema de partidos políticos.
En este contexto, la actual administración llegó al poder ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción, porque «el dinero alcanza cuando nadie roba», y por ello en septiembre de 2019, el gobierno salvadoreño firmó con la Organización de Estados Americanos (OEA), un acuerdo para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (Cicies), la cual se encargaría de investigar hechos de corrupción y evitar que estos quedaran en la impunidad.
Desde sus inicios se advirtió que la Comisión se enfrentaría a serias limitaciones para cumplir con su mandato, cuya superación requeriría de reformas legales y administrativas en el Estado salvadoreño para garantizar la independencia y efectividad de su trabajo. Pero lo importante es que el país contaba con una herramienta más para combatir la corrupción y la impunidad, incluso se empezaban a ver resultados, al mes de abril de este año, la Cicies había presentado, ante la Fiscalía General de la República (FGR), 12 casos de posibles ilícitos en 5 carteras del Estado durante la pandemia, recordemos, la corrupción no perdona ni siquiera momentos de emergencia.
Pero la semana pasada, utilizando como justificación el anuncio de la contratación de un cuestionado ex funcionario salvadoreño por parte de la OEA, el gobierno salvadoreño anunció la anulación del convenio de creación de la Cicies. Esta decisión levanta aún más las alertas al considerar las posteriores declaraciones de la Secretaría de la OEA, sobre las acciones del gobierno salvadoreño para utilizar a la Comisión como un mecanismo de persecución política, así como el bloqueo para la publicación de los informes de trabajo. Ojalá que la OEA ponga a disposición de la ciudadanía todo el trabajo de la Cicies, incluyendo los avisos realizados a la Fiscalía General de la República (FGR).
La eliminación de la Cicies es un retroceso más lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador, que se suma a la destitución, sin el debido proceso, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República y al debilitamiento sistemático del Instituto de Acceso a la Información Pública.
¿Y entonces que va a pasar con la lucha contra la anticorrupción? Sinceramente el panorama es poco alentador. Por una parte, el control absoluto por parte de Nuevas Ideas debiera facilitar la aprobación de reformas a leyes de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ética gubernamental, extinción de dominio, por mencionar algunas, para castigar con todo el peso de la ley a cualquiera que ose robar dinero público; en cambio, han optado por aprobar leyes pro impunidad como la “ley Alabí”.
Por otra, aunque el gobierno ha señalado que buscará una alianza con otro organismos internacional para restaurar la Cicies, pero ¿se garantizarán las condiciones para su independencia?, ¿se le proporcionará las herramientas legales y para asegurar la efectividad de su trabajo? Por el momento parece que seguiremos con más de lo mismo, e incluso peor: mientras el gobierno y el oficialismo siguen repitiendo los errores de sus predecesores -señalar a los corruptos de las filas adversarias, pero proteger a los propios-, la ciudadanía seguirá perdiendo recursos, oportunidades y derechos.