Con este objetivo se tiene previsto un contrato de préstamo por $91 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Asimismo, se considera una transferencia de $1,204,512 hacia el Ministerio de la Defensa para, según declaración oficial, dignificar a la corporación policial, garantizando la alimentación y el incremento salarial para todos los policías, custodios y soldados, así como también la contratación de más de 1,300 plazas para Centros Penales, con el fin de mantener el control total en las cárceles.
Ante este panorama y considerando que el presupuesto público constituye la principal herramienta para hacer realidad las transformaciones que el país necesita, cabe preguntarse si el 2020 nos traerá o no seguridad. La respuesta podría no ser alentadora, sobre todo si se considera que las desigualdades que se pretenden eliminar con la implementación de la Fase II del Plan Control Territorial van más allá del alcance que puedan tener los proyectos sociales.
De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la política fiscal es la herramienta principal con la que cuentan los Estados para reducir la desigualdad. A su vez, la reducción de la desigualdad incide en la disminución de los niveles de pobreza. No obstante, por el lado del gasto público el presupuesto 2020 resulta insuficiente para que se cumpla con la garantía, protección y promoción de los derechos de la sociedad salvadoreña, principalmente de grupos tradicionalmente vulnerabilizados. Por el lado de los ingresos públicos, la política fiscal continuará reproduciendo una estructura de privilegios con la aprobación de la Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras.
Pese a lo anterior, aún resulta prematuro conocer si el Plan Control Territorial será o no exitoso. No obstante, como ciudadanía debemos estar conscientes de que la medición de su éxito debe ir más allá de la reducción del número de homicidios. Debemos exigir cuentas de los resultados que nos han prometido, y en este sentido exijamos que se atiendan las causas de la inseguridad, es decir, las desigualdades. De lo contrario, estaremos ante lo mismo de siempre: aplaudiendo la implementación de medidas accesorias y dilatando las medidas estructurales que se requieren para un cambio real de nuestra sociedad.
Es buen momento para que como ciudadanía exijamos transparencia en el uso de los recursos públicos y nos involucremos en la auditoría social de la ejecución del presupuesto para 2020; particularmente en materia del Plan Control Territorial dado que parece ser la apuesta estrella del gobierno en turno. También para que las autoridades involucren a la ciudadanía en la definición de un presupuesto 2021 orientado a la resolución de los problemas estructurales.
Si realmente queremos un país seguro es fundamental que en este 2020 se generen las condiciones para que mediante el diálogo abierto, propositivo, transparente y la evaluación técnica y oportuna, se avance hacia la resolución de los problemas estructurales de las finanzas públicas de nuestro país. Para ello es imprescindible el establecimiento de una hoja de ruta que indique las medidas a adoptar para cumplir con la Ley de Responsabilidad fiscal y particularmente con la construcción de una política fiscal favorable al crecimiento económico, la erradicación de las desigualdades y el fortalecimiento del Estado de derecho.