La deuda pública se disparó en 2020 debido a los requerimientos de gastos ante la pandemia del covid-19. /DEM


La deuda pública de El Salvador continuará creciendo en 2021 y podría superar el 96.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) sin un ajuste al gasto no incorporado en el Presupuesto General de la Nación, advierte la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

El tanque de pensamiento señala en su última investigación que el anteproyecto del presupuesto de 2021, entregado a la Asamblea Legislativa en septiembre de 2020, presentaba fallas en sobreestimación de ingresos y gastos que lo convirtieron en el “peor proyecto en varios años”. Pese a que se esperaba que la discusión en el pleno legislativo corrigiera esas falencias, los diputados aprobaron la propuesta sin modificar estas “fallas históricas”.

En el proyecto del presupuesto se estima que la deuda pública ascendería a $23,744.2 millones en 2021, equivalente al 92.6 % del PIB. Pero “no es realista”, suma Fusades, que advierte que al tomar en cuenta los gastos no incorporados el endeudamiento rondará los $24,715 millones y llegará al 96.4 % del PIB.

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“Esta deuda será incluso mayor, si se aprueba deuda adicional, ya sea para gasto corriente, o para proyectos específicos que no han sido incorporados en el presupuesto de 2021; estos últimos si son bien ejecutados contribuirían a impulsar el desarrollo económico y social”, señala la institución en su documento.

El análisis de Fusades agrega que los ingresos están sobreestimados en $959 millones y los gastos subestimados en cerca de $170 millones. Si a esto se suman $300 millones autorizados para utilizarse este año, pero que no han sido incorporados en el presupuesto de 2021, el déficit fiscal llegaría a $3,033.7 millones. Equivaldría a cerca del 11.8 % del PIB.


Sobreestimación de ingresos.


Desde que el Ministerio de Hacienda presentó la propuesta presupuestaria para 2021, Fusades y otros tanques de pensamiento advirtieron que el anteproyecto no cumplía con el principio de universalidad del artículo 227 de la Constitución de la República, que establece que el presupuesto debe tener todos los ingresos que espera recibir, así como sus erogaciones.

En la sobreestimación de ingresos se incluyen $688 millones de la carga tributaria, que se distribuyen en $557.3 millones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y $240.3 millones por renta. La partida de “Otros ingresos no clasificados” -parte de los ingresos financieros- también incluiría un exceso por $249 millones.

“No hay una base o explicación lógica para este aumento sustancial en la recaudación del IVA, más aún cuando el PIB de 2021 se mantendrá por debajo del de 2019. Las autoridades centran este incremento en el combate a la evasión -la cual se ha venido reduciendo en la última década-, pero la experiencia que existe y los datos hacen poco probable que se pueda elevar la recaudación en esa cuantía solo a partir de este elemento”, dice Fusades.

Subestimación de gastos.


En tanto, los gastos estarían subestimados. La Fundación indica que no se incluyó el pago de intereses de títulos valores en el mercado nacional por $72 millones, y el presupuesto para las partidas de devolución de IVA y renta “es bastante menos de lo debido” por cerca de $94 millones.

Advierte que tampoco está contemplada la amortización de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), no se incluyen $200 millones en títulos nacionales del Banco Central de Reserva (BCR), y no se especifica cómo se honrará el incremento del gasto por el alza en el subsidio al gas y la compra de computadoras.

La institución señala que la situación de las finanzas públicas es “crítica” y sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se “podría llegar a un punto sin retorno”, que derive en una crisis fiscal.

De momento, se conoce que el Ministerio de Hacienda negocia un acuerdo con el FMI por $1,300 millones para darle sostenibilidad a la deuda pública.

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