Al menos siete de cada 10 hogares que dependen de actividades agrícolas en El Salvador reportan una reducción en sus ingresos en los últimos 12 meses debido a la crisis generada por el covid-19, revela la última Encuesta Nacional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Agricultura.
La encuesta se realizó entre noviembre y diciembre de 2020 en una alianza de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), quienes recolectaron información por medio de entrevistas telefónicas asistidas en los 14 departamentos.
El Salvador, al igual que varios países de la región, implementó esquemas de cuarentena para frenar el avance de los contagios de covid-19 por más de cinco meses en 2020, aunque sus afectaciones económicas aún persisten. Una de esas consecuencias es la caída de ingresos en el 68 % -unos siete de cada 10- de los hogares que dependen de actividades agrícolas en los últimos 12 meses, revela la encuesta.
Los hogares salvadoreños más afectados son los de La Unión, donde el 73.1 % reporta una reducción en los ingresos, y San Vicente con 72.8 %.
Un golpe al agro.
La agricultura y la ganadería es la actividad económica que más representa la población ocupada (un 35.3 %) en la región rural en El Salvador; sin embargo, es el sector que reporta el menor salario con $180.94 mensuales, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019.
Es decir, que las personas dedicadas al agro viven con menos de $6 diarios.
El estudio de la FAO destaca que antes de la pandemia el 57 % de los hogares encuestados señala como principal fuente de ingresos la siembra de granos básicos, sobre todo maíz y frijol, mientras que el 27 % era jornalero y el 16 % se dedica a otras actividades agropecuarias.
De esa manera, la caída de los ingresos en los hogares en la zona rural está asociada a que no había trabajado todos los días (un 29 %), bajas en las ventas (un 20 %) y pérdida de empleo (13 %).
“Como efecto adverso a la estabilidad familiar y socioeconómica del país, 1.8 % de hogares agropecuarios manifestó que al menos uno de sus miembros ha emigrado a Europa o Estados Unidos de América en los últimos 30 días previos a la entrevista, con esto los departamentos más afectados fueron La Unión y Chalatenango”, agrega el informe de la FAO.
Hambre.
Conforme se extendían las medidas de confinamiento y los indicadores económicos se deterioraban, también se elevaba el número de salvadoreños en riesgo de caer en inseguridad alimentaria.
En el último año, tres de cada 10 hogares salvadoreños (el 32 %) afirmó que se quedó sin alimentos alguna vez. Un 16 % de las familias encuestadas señaló que alguno de sus miembros sintió hambre y no comió por falta de recursos y un 7 % manifestó que al menos uno de los miembros se quedó todo un día sin comer.
“En todos los departamentos del país, entre 23.3 % y 38 % de hogares resultaron afectados por la falta de alimento en el hogar al menos una vez en los últimos 12 meses por la causa específica de covid-19 y sus efectos adversos en la cotidianidad socioeconómica”, agrega la FAO en su informe.
El último reporte global sobre crisis alimentaria reveló que en El Salvador cerca de 684,000 personas se encontraban en crisis o peor de inseguridad alimentaria (IPC fase 3 o superior), de los cuales 95,000 estaban en la cuarta fase, entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.
La crisis del siglo que golpeó la economía
La pandemia del covid-19 dejó a la economía salvadoreña en su peor recesión de los últimos 40 años y elevó la población salvadoreña en riesgo de inseguridad alimentaria.
- Apoyo: El 29.9 % de los hogares agropecuarios encuestados por la FAO indicó que obtuvo ayuda alimentaria por parte del Gobierno salvadoreño y un 19.5 % recibió dinero en efecto para alimentación y educación.
- Dependencia del agro: De los hogares entrevistados, el 77 % señaló que cultiva granos básicos como medio de subsistencia en un territorio inferior a una manzana. El 85 % siembra maíz y el 65 % frijol.
- Recomendación: La FAO insta a mantener la vigilancia de los hogares afectados e incluirlos en programas de protección social. Además, insta a fomentar la agricultura sostenible y adaptada al cambio climático.