Moody's confirmó hoy las calificaciones para la deuda soberana de El Salvador en B3, pero cambió la perspectiva de la nota a “negativa”.
El cambio está asociado con los riesgos de implementación de los planes para un ajuste fiscal, los altos riesgos de liquidez -impulsados por las grandes necesidades de financiamiento para el período 2021-2023-, además de las que calificó como "persistentes preocupaciones de sostenibilidad de la deuda".
La rebaja ocurre en momentos en los que la economía se mantiene en recesión y busca mecanismos para acelerar una recuperación a niveles prepandemia, una condición que varios analistas consideran se podría alcanzar hasta 2023.
La calificadora recalca que las condiciones de financiamiento seguirán siendo muy estrictas para El Salvador -tanto en el mercado interno como en el externo- para los próximos dos años y se conoce una semana después de confirmarse que el nivel de la deuda salvadoreña cerró arriba del 90 %.
RELACIONADO: Deuda pública salvadoreña alcanzó récord histórico y cerró en $22,625 millones en 2020
"Moody's espera que el gobierno comience a consolidar sus finanzas en el segundo semestre de este año", dice el reporte que anticipa que esta situación facilitará el acceso al financiamiento de la deuda multilateral para cubrir la mayoría de sus necesidades de financiamiento este año.
La agencia advierte que el país necesitará tener acceso al mercado en 2022 por el vencimiento de un bono de $800 millones para enero de 2023.
Deuda interna en el límite
Moody's enfatiza que la deuda interna de corto plazo representará el 50% de las fuentes de financiamiento que el gobierno ha identificado para cubrir la brecha de financiamiento de este año.
Considera que las condiciones en las que El Salvador puede acceder a los mercados globales se han deteriorado drásticamente con diferenciales soberanos en alrededor de 700 puntos básicos en enero de 2021, 300 puntos más que el año pasado.
Los altos diferenciales reflejan una mayor preocupación de los inversionistas sobre las estrictas condiciones de financiamiento, la respuesta de política del gobierno y las implicaciones que esto podría tener en la sostenibilidad de la deuda”, Reporte de Moody's
Añade que la capacidad de depender del financiamiento local se ha reducido a medida por un incremento que le ha “levado a su límite la capacidad de absorción”.
Las valoraciones de Moody's llegan el mismo día que Hacienda convocó a una subasta $50 millones en Letras del Tesoro (LETES). Según un reporte de la Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles (ASIB) esta se dividió en dos series: Seria A, a 170 días, y Serie G-1, a 349 días.
En la Serie A la demanda alcanzó los $12.5 millones y se adjudicaron $10.3 millones (a una tasa promedio de 6.29 %), mientras que la demanda de la G-1 alcanzó los $103 millones, de los que solo se colocaron $70 millones, pero a una tasa promedio del 7.49 %.
Moody’s insiste que si bien los bancos locales pueden estar dispuestos a aumentar su exposición a la deuda a corto plazo en forma de LETES o Certificados del Tesoro (CETES), considera que “no podrán aumentar materialmente sus tenencias en mucho más”.
Los bancos locales necesitarían la aprobación de sus matrices para aumentar su exposición a la deuda pública y de LETES que ya ha alcanzado un nivel récord de $1.410 millones”, Reporte de Moody's
La agencia, sin embargo, que reconoce que aún se está por debajo del límite oficial aprobado en el presupuesto de 2021, pero que está “sustancialmente por encima” del rango entre $800 millones y $900 millones observados antes.
Reacción oficial
El comunicado del Ministerio de Hacienda, por su parte, solo hace referencia a que se mantiene la calificación (B3), pero no revela mayores detalles sobre los riesgos que Moody’s ve sobre el perfil crediticio, en particular de la deuda de corto plazo.
El ministro Alejandro Zelaya publicó esta tarde un tuit con el comunicado de la cartera que dirige donde solo agregó: "Reactivación económica avanzando".
El resumen de Hacienda destaca la ejecución del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa), por $600 millones, y de las valoraciones de la agencia sobre la consolidación de la deuda y de que el Indicador de Bonos de Mercado Emergente (EMBI) de El Salvador cayó de los 818 a los 668 puntos.
La calificadora considera que el gobierno comenzará los esfuerzos de consolidación fiscal este año, reduciendo el déficit fiscal en un período de dos años a al menos 6.5% del PIB en 2022 frente al 9.6% del PIB en 2020.
DESTACADO: Déficit fiscal aumentó más de 200 % y cerró en $2,477 millones en 2020
Moody’s dice en su reporte que la administración de Nayib Bukele tiene un compromiso declarado de comenzar a consolidar su deuda a través de la banca multilateral “en montos suficientes para cubrir las necesidades de financiamiento, pero que anticipa que un ajuste fiscal combinado de al menos tres puntos porcentuales del PIB facilitaría el acceso a los mercados globales en 2022, crucial para el compromiso de $800 millones que vence el 24 de enero de 2023.
La entidad pronostica que el déficit fiscal cerrará 2021 en la banda entre el 6.5 % y el 7.5 % del PIB, más del doble del déficit que registró El Salvador en el período de 2015 y 2019 cuando se mantuvo en el 3 % del PIB.
Moody 's espera que las necesidades de financiamiento bruto se mantengan entre el 16 % y el 18 % del PIB.
¿Acuerdo con el FMI en mayo?
Esta semana el banco de inversión Stifel anticipó que el mercado está a la expectativa de un eventual acuerdo del Gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un acuerdo podría lograrse siguiendo los pasos del alcanzado por Costa Rica, pero que por el clima electoral este podría retrasarse hasta mayo, cuando se instale la nueva configuración de la Asamblea Legislativa.
La entidad considera que el Gobierno tiene cierto margen para retrasar el acuerdo con el multilateral, pero que hay riesgo de que haya complicaciones con las finanzas públicas en el segundo semestre de 2021.
Un pacto con el Fondo llevaría al país a retomar los planes de responsabilidad fiscal y un ajuste en esa materia que podría fijarse en el 4 %, un punto porcentual más que la meta prevista para el período 2021-2023. El análisis de Stifel anticipa que todo el enfoque está en la voluntad de la administración de Nayib Bukele para adoptar un plan de austeridad a través de un programa, tema no discutido en público.
La posibilidad de concretar un acuerdo con el FMI surgió en julio del año pasado, en medio de la crisis derivada de la pandemia del covid-19 cuando el exministro de Hacienda Nelson Fuentes dirigió la colocación de bonos por $1,000 millones para atender la emergencia.
El fondeo se logró con un vencimiento en 2052, pero a una tasa de interés del 9.5 %, además dejó encaminadas otros acuerdos de fondeo con la banca multilateral a tasas menores.
Fuentes renunció al cargo pocos días después de la emisión y asumió en el cargo el entonces viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya.
Stifel dice en su reporte sobre El Salvador que desde la salida del exministro “el Gobierno ha guardado silencio sobre sus intenciones” con relación a un acuerdo con el FMI.
De acuerdo con la calificación de la deuda de Moody's el B3 significa que se "carece de las características de una inversión deseable" y con el cambio d la perspectiva a "negativa" está a un peldaño de caer en Caa1, es decir "títulos de baja solvencia" y un alto riesgo de impago con los acreedores de la deuda local.