Saca presidió el país desde 2004 al 2009, en las elecciones de 2014 buscó la presidencia bajo la bandera del movimiento Unidad.
La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca González a restituir al Estado salvadoreño la suma de $3,892,698.71 y a su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca, $589,608.83, tras ser encontrados culpables del delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión presidencial entre 2004 y 2009.
En total, la expareja presidencial deberá pagar la suma de $4,422,307.53, por debajo del monto que la pericia financiera contable estableció en el análisis a las cuentas de la expareja presidencial y que dio como resultado, que ambos debían devolver al país, la suma de $5,166,494.
Ante esa diferencia, uno de los fiscales afirmó que los magistrados hicieron su análisis de interpretación en cuando a la independencia judicial que tienen, pero “en su momento ellos (jueces) darán sus argumentos para fundamentar este fallo y se analizará si cabe una apelación”.
Aunque aún no ha quedado del todo claro el fundamento de la sentencia porque el fallo fue verbal, los magistrados se basaron más en el informe de Probidad que en el resultado de la pericia financiera contable que se le hizo a Saca y su esposa.
Sopesó probidad
Según Fiscalía, el principal fundamento de la condena civil contra la expareja presidencial fueron las siete irregularidades que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró en el primer momento: cinco en contra de Saca y dos a la señora Mixco Sol que en su mayoría fueron por depósitos de cuentas del estado a cuentas personales y a las sociedades mercantiles suyas: Promotora de Comunicaciones y Grupo Samix.
Esta es una resolución favorable para la Fiscalía. Se ha logrado condenar al señor Elías Antonio Saca y a su esposa por la suma de $4.482,307, no era la suma que nosotros pretendíamos, pero en su oportunidad vamos esperar la resolución para analizarla de una forma estricta y ver si hay posibilidades de apelación”, reiteró uno de los fiscales.
A juicio del defensor de Saca, Fausto Gutiérrez, la Fiscalía no acreditó los presupuestos procesales para establecer el enriquecimiento ilícito de naturaleza civil y bajo ese concepto aseguran que van apelar esa decisión.
Ha quedado establecido en la sentencia que lo que dio origen a este juicio civil es el informe de Probidad, es decir, que son los mismos hechos por los que el señor Saca González ya fue juzgado en sede penal y condenado a restituir al estado más de $300 millones”, alegó el abogado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó en septiembre de 2018 a diez años de prisión al expresidente Saca en un juicio abreviado por los delitos de peculado y lavado de dinero.
Gutiérrez sostuvo que en este juicio se ha violado el principio de “doble juzgamiento” que prohíbe la Constitución y esos son los argumentos que se harán valer en segunda instancia.
El fiscal del caso dijo que como Ministerio Público no lo ven así, tampoco los defensores lo hicieron ver en el proceso, que era el momento para alegarlo y no ante los periodistas. “Es en los tribunales donde se alegan las cosas y ahí no discutieron ni dijeron nada”.
El defensor insiste que Fiscalía tampoco ha probado que hubo traslado de dinero de cuentas del estado a cuentas del expresidente Saca: tanto personales como de sociedades que representa.
En ese sentido, “debió haber existido un empobrecimiento del Estado y no hay daño que justifique que un sujeto se enriquece en detrimento de otro y acá eso no ha sido probado, solo se ha probado incremento patrimonial más no así traslado de fondos del estado a cuentas del imputado”, dijo el defensor Gutiérrez.
El defensor de la exprimera dama, Miguel Ángel Flores Durel afirmó que esto apenas empieza, ya que tiene instrucciones de su cliente de controlar la decisión judicial, lo que implica un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. “Además admite otro recurso que es el de casación, de manera que esto recién empieza durará uno o dos años más”.
“Tenemos al menos cinco motivos para impugnar esta resolución y lo vamos hacer porque esa es la instrucción que tenemos de la señora Ana Ligia de Saca”, afirmó Flores Durel.
Los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil también inhabilitó por diez años al expresidente Saca para ocupar cualquier cargo público durante diez años y deberán pagar los costos del proceso judicial que terminó en su condena.