La escuela San Rafael de Soyapango ha sido el hogar de la comunidad desde junio, cuando sus casas se pusieron en peligro por el paso de Amanda y Cristóbal. / Gabriel Aquino
Desde hace seis meses, 125 personas de la comunidad Altamira viven albergados en el Centro Escolar San Rafael, en Soyapango, y deberán retirarse de las instalaciones ante el inicio del año escolar 2021.
“Estamos afligidos porque si abren las escuelas, ¿para dónde nos vamos a ir?, no tenemos apoyo de nadie”, lamentó Reina de la Paz Celaya de Ponce, una de las afectadas de la comunidad.
Los habitantes han buscado desde hace meses una solución para retirarse del centro educativo, y establecerse en un lugar seguro, pero los proyectos planificados no han resultado.
A inicios del mes de noviembre un grupo de representantes de la comunidad se acercó para plantear como solución junto al edil de Soyapango, Juan Pablo Alvarez, adquirir un lugar que ya tuviera las casas construidas; para que de la mano del Ministerio de Vivienda, por medio del Fondo Nacional Vivienda Popular (Fonavipo), las comprara al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (Fosaffi).
La idea era que al otorgarle estas casas a las familias, estas pagarían mensualmente por las viviendas.
“A raíz de la tormenta Amanda y Cristóbal nosotros decidimos venir a este lugar porque a finales del mes de mayo del 2020 abrieron este albergue”. Carlos Alberto Ponce, habitante comunidad Altamira
La residente de la comunidad Altamira, Milagro Sánchez, , indicó que se acercaron a la comunidad Vista al Lago, para que “le tomaran foto a las casas que querían, la dirección correcta y enviárselo al representante de la alcaldía”, pero la mayoría de las familias “no les gustó la zona”, porque está sobre un “relleno sanitario” que además posee condiciones de riesgo.
Posteriormente, recibieron la visita del Fondo Social para la Vivienda; Sánchez destacó que “les dijeron que querían documentación de DUI, NIT, y una constancia de sueldo, para ver si nosotros aplicamos a eso”, pero el problema es que “no todos tienen un empleo”, pues la mayoría lo perdió debido a la pandemia, y si trabajan son “dos o tres días a la semana”.
Sánchez expresó que la mayoría posee escasos recursos, y en la búsqueda por “ganar el sustento” se dedican a comprar verdura en La Tiendona, para luego regresar a la comunidad y venderla.
Albergue no identificado
Los habitantes expresaron que debido a esta situación y que las clases están por iniciar, decidieron realizar una marcha pacífica hasta Casa Presidencial, en donde se les notificó que el Gobierno no tenían conocimiento de su permanencia en la escuela.
Lo anterior es debido a que el acta de albergue que ellos poseían, sólo tenía validez por tres meses, y sin ellos saberlo dejaron de recibir ayuda porque ante las autoridades el albergue ya estaba cerrado. Con la marcha, el Gobierno supo que la comunidad sigue en la escuela.
“Les hago el llamado a las autoridades centrales y al señor alcalde, que hagan acto de presencia y nos diga la decisión que ha tomado”. Milagro Sánchez, habitante comunidad Altamira
Necesidades.
Luego de seis meses en el que las paredes de una escuela se han convertido en su único hogar, estas familias solicitan a las autoridades municipales que se reúnan con ellos porque desconocen si se les apoyará en la búsqueda de un terreno u otra solución.
“Presencia de la alcaldía no hemos tenido, solo que hasta acá supuestamente hay una muchacha que trabaja en la alcaldía, y con ella le hemos mandado a decir al señor alcalde que se haga presente, que queremos hablar varias situaciones que se nos están dando, y ya tenemos dos semanas y él no ha mandado a nadie para decir si nos van a ayudar o vean ustedes que hacen”, puntualizó Sanchez.
Indicó que poseen otros dos terrenos muy cercanos al centro escolar en el que habitan, los cuales serían “ideales” para poder “construir una champita”, porque lo único que necesitan es “un lugar propio donde descansar”.
La comunidad solicita ayuda para obtener agua, leche y víveres porque “desde hace un mes no tenemos nada”, expresaron en más de una ocasión.
Además, solicitaron apoyo de seguridad en el albergue mientras las autoridades establecen una solución de vivienda.
“No hemos tenido respuesta (de Fosaffi), pero vamos a seguir presionando, porque sería una forma en el que todos quedaríamos felices”. Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango
Respuestas.
Ante la inconformidad de la comunidad, Diario El Mundo buscó la postura del alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez.
El edil expresó que continúan buscando una solución para las familias, pero por el momento no pueden adquirir un terreno mientras el Gobierno no lo autorice.
“Nosotros no tenemos el pisto para comprar esas casas, el gobierno tiene que decirnos si se puede o no se puede, estamos esperando la autorización del gobierno y no sabemos por qué se han tardado meses en darla, y preguntamos y preguntamos, y no entendemos qué es lo que pasa”, destacó Alvarez.
El edil recalcó que en estos momentos se encuentran realizando un estudio registral, para conocer qué institución es la dueña de los inmuebles, y “ya con ese ese estudio vamos a ir formalmente a mostrarnos con el interés de comprar, para que ellos puedan tener esa intención”.
Diario El Mundo también preguntó al Ministerio de Vivienda sobre la situación de la comunidad Altamira, y através de la unidad de comunicaciones se supo que tras la reunión con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, los habitantes dieron a conocer que la “alcaldía había ofrecido un terreno”, y que “en cuanto la alcaldía les dé el terreno, se les podrá apoyar” por parte del ministerio.