La Iglesia Católica dio acceso al juez a sus archivos. Inicialmente el arzobispo se había opuesto a la decisión judicial.
El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán junto a los peritos judiciales iniciarón ayer la inspección de archivos y objetos en el Fondo Documental de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, una diligencia que busca información y objetos relacionados a la masacre de El Mozote.
Según el acusador particular y solicitante de la inspección, Wilfredo Medrano que el objetivo es identificar a las víctimas de la masacre mediante documentos que la iglesia resguarda.
“Buscar documentos, fotografías, fichas clínicas, escrituras públicas, privadas (…) quizás algunas partidas de nacimientos con las cuales poder identificar a muchos niños que hoy por hoy no están identificados, ese tipo documentos que fueron localizadas en un maletín”, explicó Medrano sobre el objetivo de la inspección.
Añadió que los documentos serán de “vital importancia”, ya que ayudaran a enriquecer el registro único de víctimas de la masacre de El Mozote.
El procurador adjunto de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) participó de la inspección a fin de garantizar la legalidad de la inspección judicial, y afirmó que la Iglesia Católica puso a disposición de las autoridades los archivos solicitados.
“La iglesia católica ha abierto esta mañana los archivos, a efecto de favorecer a las víctimas del conflicto armada, de la masacre de El Mozote, se ha iniciado de buena manera esta diligencia de inspección de los archivos que ostenta el Arzobispado”, explicó el procurador Adjunto de Derechos Humanos, Levis Abarca.
Previo a la inspección se instaló una reunión con las partes involucradas, con el objetivo de determinar el procedimiento para el resguardo, conservación de los archivos analizados.
“Nosotros por el bien de las víctimas dijimos que no era posible que vinieran y nos quisieran incautar documentos (…) pero hablamos con el señor juez y nos explicó que nos pedirian copias certificadas y no tomarian ningun documento, entonces, nosotros el problema era que nos los quisieran quitar, y por eso modificamos la posición”. José Luis Escobar Alas, arzobispo católico de San Salvador
“Hemos tenido una primera reunión de coordinación de trabajo con las autoridades del Arzobispado, el señor Arzobispo, el Cardenal, y el encargado del archivo. Ofrecieron la plena colaboración con el señor juez, hemos ya podido opinar sobre diferentes puntos logisticos operativos, el procedimiento está claro y la inspección ha iniciado” explicó el abogado querellante, David Morales.
El análisis y procesamiento de la información consistirá en la toma de copias legibles y certificadas de los documentos, imágenes ilustrativas de los objetos, así como fotografías, sin recurrir en “la aplicación de la medida de secuestro judicial, por el valor y trascendencia del documento u objeto” detalla la resolución judical emitida el 4 de enero del 2021.
La posición de la Iglesia Católica.
El arzobispo de San Salvador, Jose Luis Escobar Alas explicó que dar acceso a los archivos significa dar un paso a una justicia transicional y dijo estar “de acuerdo totalmente y encantado” que se realizara la diligencia judicial.
“Nosotros lo que hemos hecho es abrir el archivo para que vengan las autoridades pertinentes a hacer una inspección (…) todo lo que tenemos lo hemos puesto en manos de ellos, hemos abierto totalmente el archivo y estamos con la mejor voluntad porque nuestra finalidad es el bien de las víctimas”, declaró el arzobispo de San Salvador, Jose Luis Escobar Alas.
Añadió que la postura de la iglesia siempre ha sido a “favor de las victimas, a favor de la justicia y verdad”.
El Cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo que colaborarán con las autoridades mientras dure la inspección.
“Se les aclaró que todo lo que necesiten se les va a dar copias cetificadas, queremos colaborar lo más que se pueda”, explicó el Cardenal.
La inspección inicio a las 9 de la mañana y se mantendrá durante la semana, en la cual participarán el juez de la causa, peritos judiciales, miembros de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, defensores particulares y representantes de víctimas,y representantes de la iglesia católica.