Los salvadoreños tenían prohíbido salir de casa sin una justificación documentada, en la cuarentena, por decretos ejecutivos que fueron revocados por la Sala.
Un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) señala que un potencial agravamiento de la pandemia del covid-19, podría obligar a “medidas restrictivas de los derechos de las personas”, y por ello se debe elaborar una normativa que recupere las buenas prácticas y deseche las restricciones a los derechos “para evitar una situación de excepcionalismo de facto”, nuevamente.
El informe titulado “Impacto del covid-19 en los Derechos Humanos y la seguridad pública en El Salvador”, expone como la raíz de diferentes medidas tomadas durante el inicio de la pandemia en el país, entre estos una “cuarentena excesiva”, la privación de libertad por infracciones durante la cuarentena, cercos sanitarios y varados, se ha violentado la libertad de decenas de salvadoreños.
“Lo que se hizo al final fue instrumentalizar la crisis para poder acumular más poder. No se enfocó en el objetivo que era la contención del virus del covid- 19”. Tania Grande, oficial de Programas Christian Aid
“Este análisis que presentamos puede servir como una pequeña ventana, sobre el estado de institucionalidad en materia del Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, así como la capacidad del Estado para enfrentar desde dichos estándares, situaciones emergentes que posiblemente se puedan repetir acá en el país, porque estamos hablando de un posible rebrote de covid - 19”, destacó Saúl Baños, director Ejecutivo de Fespad.Durante la presentación de los resultados, Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la fundación, destacó que desde el 21 de marzo hasta el 12 de mayo del 2020, basado en datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se registraron 1,337 casos contra los derechos humanos, y que de estos, 406 denuncias, un 30.4 %, pertenecen a casos relacionados con el derechos de la libertad. Según los datos de la PDDH, el segundo tipo de denuncia fueron los relacionados con el derecho a la vida, con 66 casos; seguido de 63 denuncias relacionadas con el derecho a la integridad, y 62 ligados al derecho a la seguridad. El tanque de pensamiento destacó que un 87 % de los casos catalogan al Órgano Ejecutivo como el posible violador de este tipo de derechos, seguidos en un 6 % contra el Órgano Judicial y en un 5 % por gobiernos locales.
“Toda persona humana está regida por una serie de derechos que son inherentes, nadie puede despojarle de sus derechos, el Estado tiene límites en términos de su actuación”. Jeannette Aguilar, especialista en Seguridad Pública
Ante esta recolección de datos, Jeannette Aguilar, especialista en Seguridad Pública, destacó que los hechos acontecidos reflejan una “improvisación con la que se ha encarado la pandemia”, y que incluso se puede deducir que el propósito primordial “no era atender la crisis, sino instrumentalizar esta crisis sanitaria para acumular poder”.
Esto debido a que las acciones fueron acompañadas de un idea fundamentada en “buenos y malos”, en el que existían héroes y enemigos, catalogando como malos a aquellos ciudadanos “que no obedecían las disposiciones de la pandemia”, así como aquellos que no “estaban de acuerdo con las decisiones”, como la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa, y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
“Queremos hacer el llamado a los órganos del Estado, a adoptar un marco normativo y operacional para la gestión de la pandemia, balanceando la protección de la salud con los derechos”. Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia FESPAD
Derechos vulnerables
Del 21 de marzo al 12 de mayo la PDDH registró 1,337 casos de violacion de derechos humanos, algunos de estos se detallan a continuación:
- Derechos de la libertad
La violación de derechos a la libertad registró 406 denuncias, un 30.4 %
- Derecho a la vida
66 denuncias se presentaron por casos en donde se acusó por exposición a contagio, falta de acceso a servicios a la salud.
- A la integridad
En donde la violencia relacionada a malos tratos, tratos crueles, uso desproporcionado de la fuerza acumularon 63 denuncias.
- A la seguridad
Se acumularon 62 denuncias relacionadas con intimidación o coacción, persecuciones o indagaciones ilegales.