“El registro estará a cargo de la Dirección Nacional de Atención a Victimas y Migración Forzada y es un sistema de registro y sistematización y seguimiento. El registro deberá ser una base única desarrollada a través de plataformas tecnológicas que pueda proporcionar datos estadísticos y datos analizados”, explicó la abogada de Cristosal, Vanesa Martínez.
Agregó que esa información facilitará el análisis sobre las situaciones de derechos de las víctimas, con el objetivo que se pueda elaborar acciones para la protección de sus derechos humanos.
“El llamado al Gobierno para que nos sentemos y conversemos, esta es una propuesta para lograr que se ejecute totalmente (la ley)”. Vanessa Martínez, abogada de Cristosal
El reglamento permite conformar un departamento sobre información y análisis de los registros por desplazamiento forzado interno.
En la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzada determina en su artículo 29 la creación del registro, el cuál deberá tener datos de identificación de cada una de las personas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas al desplazamiento y las medidas de asistencia y protección otorgadas en cada caso.
El reglamento también contempla una política nacional de prevención y protección de las personas en condición de desplazamiento forzado interno, para cumplir con planes programas y directrices de naturaleza pública que garantizarán los derechos de las victimas, dicha elaboración tiene su base en el artículo 7 de la ley.
“Dentro del presupuesto no se ha consignado fondos necesarios para poder garantizar y ofrecer los servicios a las personas”. Rina Montti, Dir. monitoreo de DD.HH. Cristosal
El plan consistirá en instalar una red de albergues y seguimiento de los casos, a través de gobernaciones y municipalidades, rendición de cuentas e iniciativas de presupuesto, además de medidas de protección a los desplazados.
La comisión técnica a la que da vida la ley y el reglamento deberá velar por el cumplimiento de la normativa; esta sería conformada por los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Justicia y Seguridad, la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República y asociaciones de derechos humanos.