Amenazados por condiciones de trabajo plagadas de desventajas en comparación con otras profesiones, los periodistas, hombres y mujeres valientes, se imponen por vocación y templanza los retos de cada día, desempeñando sus tareas a lo largo de jornadas inacabables, ganando en la mayoría de casos muy bajos salarios, y en el caso de las periodistas en sociedades misóginas o violentas, se someten a los riesgos adicionales que por razón de su género les acompañan en sus tareas.
A todo lo anterior se suman las amenazas a la vida, a la libertad y a la integridad personal, que la organización “Reporteros sin Fronteras” (RSF) ha dejado plasmadas en sus dos informes publicados a finales del año pasado. El primero de estos constituye un balance anual sobre “periodistas secuestrados, encarcelados o desaparecidos”, en el que se da cuenta de cómo en el 2020 las amenazas a periodistas en escenarios de guerra decrecieron, mientras que aumentaron las amenazas y coacciones contra aquellos que desarrollan su trabajo –o que lo intentan- en sociedades supuestamente en paz, pero en los que dan cobertura a temas altamente sensibles como el narcotráfico y la corrupción.
Así pues, RSF denuncia el secuestro, hasta noviembre del año pasado, de 54 periodistas, la desaparición de 4 y el encarcelamiento de 387. Estas cifras muestran un grave incremento comparadas a las de hace apenas un año, y si se considera las condiciones de aislamiento y control estatal generalizados durante la pandemia, las víctimas de estos abusos y sus colegas que intentan averiguar su paradero, o aclarar su situación jurídica, ven obstaculizados sus esfuerzos por autoridades gubernamentales que están ejerciendo poderes discrecionales o extraordinarios, aquí y en todo el mundo.
El segundo balance de RSF se refiere a “periodistas asesinados” y en este se da cuenta del asesinato de 50 periodistas, de los cuales 4 eran “colaboradores de medios” y uno más calificado como “periodista no profesional”, o comunicador social, como le llamaríamos en nuestro país. En estos casos, el 96 % de los asesinados fueron hombres y un 4 % mujeres. Los asesinatos se produjeron en el 32 % delos casos en zonas de conflicto y en el 68 % restante en “zonas de paz”. Esto significa que de cada 10 periodistas asesinados, solo 3 estaban cubriendo conflictos bélicos, lo que de nuevo, nos da una idea de las razones por las cuales los periodistas se han convertido en objetivo para las redes criminales transnacionales, pero también para las redes de corrupción que existen en las más altas esferas de los gobiernos.
El periodismo suele ser incómodo, sobre todo para aquellos que hacen del secreto en el ámbito público o privado una garantía de impunidad. Es por eso que las buenas prácticas en materia de transparencia gubernamental, o iniciativas de la sociedad civil que en todo el mundo buscando ejercer contraloría ciudadana, o los mecanismos periódicos de rendición de cuentas, son recursos necesarios y deseables en toda sociedad democrática, pero estos se verán limitados si no existe en forma paralela un periodismo acucioso e inquisitivo, capaz de revelar a los lectores o televidentes los hechos relevantes que impactan en sus vidas, así como a los protagonistas de las grandes decisiones y acciones nacionales e internacionales que mueven a los países y a las empresas.
En El Salvador, el periodismo está pasando por una época de grandes retos y desafíos, de hecho, podría decirse que esta ha sido la constante a lo largo de toda la posguerra: informar de manera objetiva y sustancial, haciendo uso de un método periodístico sólido y buscando la verdad en un entorno siempre difícil y cambiante. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha dado la voz de alerta sobre prácticas intimidatorias o de acoso digital que a lo largo de todo el año pasado enfrentaron los periodistas, muchas de estas situaciones han sido violentas o abusivas y aún siguen en la impunidad.
El periodismo no debería dejar de ser “el mejor oficio del mundo” y convertirse en un acto suicida o que haga aún más vulnerable a quien lo ejerce en estas sociedades convulsas. De su continuidad y profesionalismo depende también la calidad de la democracia que aún queda por construir.