Vale la pena recordar, también, que el 2 de diciembre de 1980 fueron violadas y asesinadas cuatro religiosas estadounidenses maryknoll. Con su martirio y la citada barbarie ejecutada hace 39 años junto a la falta de justicia en perjuicio de todas sus víctimas, a lo cual se suma como otra cara de una misma moneda la impunidad protectora de sus principales responsables, tenemos de sobra para sostener que históricamente los gobernantes de antes, durante y después de la guerra siempre y sin excepción han considerado los derechos humanos como una babosada.
No encontramos otra manera para calificar la actitud asumida frente a este par de casos y tantísimos más. No hay que andar con eufemismos ni rasgarse hipócritamente las vestiduras por usar un término tan severo, pero con diccionario en mano es el que corresponde al ser definido coloquialmente acá y en otros países como algo intrascendente, sin valor. Y los derechos humanos están fundados en valores: la dignidad mencionada, la igualdad negada en nuestra tierra y la anhelada justicia escamoteada.
No nos detengamos en el sistema judicial secuestrado por la intimidación y la corrupción, cuando no era independiente de las otras ramas del poder público y su ineficacia se había acrecentado por inacción o supeditación, hasta volverse ‒según la Comisión de la Verdad‒ en “factor coadyuvante de la tragedia”. Mejor preguntémonos cuándo y cómo jodieron de verdad el país, tras finalizar el conflicto armado.
La respuesta: el 20 de marzo de 1993, aprobando la amnistía. Entonces, a los “guerreros” les valió deshonrar su palabra a la hora de firmar el Acuerdo final de paz ‒más conocido como el de Chapultepec‒ en cuanto a la superación de la impunidad. Hicieron lo contrario: con esa mutua y favorable exculpación, a El Salvador lo convirtieron en el reino de la misma; lo condenaron a seguir siendo territorio hambriento y sangriento, a continuar permitiendo la “viveza” encaramada en la corrupción oficial y extraoficial, y a establecer las condiciones para el incremento los diversos rostros de un crimen organizado beneficiado con el secuestro y el raquitismo de la institucionalidad. Todo ello, pese a las reformas que se hicieron y han venido haciendo durante la posguerra.
De enero de 1992 a la fecha, pues, con base en el “todo se vale” apuntalado con la amnistía, en lugar de adecentar la nación y la sociedad lo que hemos padecido es un prolongado gatopardismo: se cambió y se sigue cambiando todo en la forma, para no cambiar nada en el fondo. Así, entonces, como dicen en México nos “salió más caro el caldo que las albóndigas”.
Al ver que Nayib Bukele no conmemoró la firma del mentado Acuerdo de Chapultepec en enero de este año, quién sabe con qué saldrá el 10 de diciembre en torno al 72 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las siete décadas de celebrarse en el mundo el día internacional de estos. Como que no mucho figuran en su agenda, más allá de la publicidad tuitera.
A diecinueve meses de haberse instalado en el sillón presidencial y para marcar distancia con “los mismos de siempre”, sería deseable y más le valdría evocar ese par de eventos desde la realidad de las víctimas de El Mozote y de otras salvajadas más, haciendo todos los esfuerzos por contribuir al esclarecimiento de la verdad y permitir que la justicia brille para impedir que sigan pisoteando su dignidad. Pero…