Ambientalistas creen que la autoridad del agua podría ser burocrática.
Tomar en cuenta los avances en la discusión de los artículos de la ley general de agua es una de las recomendaciones que realizan ambientalistas a la Asamblea Legislativa que tomará posesión el 1 de mayo de este año.
Las reacciones se enmarcan en el adelanto que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, de vetar una ley que apruebe la actual legislatura, cuando se anunció que se llegó a un acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea sobre la conformación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Diputadas de la comisión aclararon que no se ha aprobado la ley, sino que se ha avanzado en 50 artículos de los 160 que la conforman.
Urgencia.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), dice que es urgente aprobar dicha ley, que lleva en estudio 15 años. “Lo que sin duda no aceptamos es que se apruebe cualquier ley, estamos en contra de una ley privatizadora”, dijo.
Con respecto a las opiniones de futuros diputados de Nuevas Ideas que incluso hablaron de derogar la ley, considera que no tienen fundamento técnico de lo que ocurre en la comisión.
“Si la ley que se va a aprobar es mala, está bien que se vete; pero no hay que adelantar criterio si no se conoce. Pedimos a los nuevos diputados no comiencen de cero”. Luis González, representante de UNES
“Se ha hecho público que no van a aprobar una ley privatizadora, perfecto. Coincidimos como movimiento ambiental que no se puede aprobar una ley privatizadora pero, hoy por hoy, lo que se ha aprobado en la comisión de cambio climático de la Asamblea Legislativa no contiene elementos privatizadores”, agregó.
Para González, es preocupante que el presidente adelante criterios de un documento que vetaría sin conocerlo. Recordó que en el momento que anunció el veto se había aprobado una directiva eminentemente pública.
Revisar autoridad.
Mientras tanto, Ricardo Navarro, del Cesta, pidió a la comisión de medio ambiente de la Asamblea que revise la forma en que diseñó el ente rector, porque solo con representantes del Ejecutivo generaría más burocracia.
“Hay que dejar que lo maneje directamente el Ejecutivo, bajo la forma de un ministerio o viceministerio del agua del Ministerio de (Medio) Ambiente, ahí se reduce la burocracia y también se evitan prácticas que ya sabemos que en una autónoma se ponen sueldos altos y ese tipo de cosas”, dijo Navarro.
Además, propone que a la par del ente rector debe existir otro ente regulador.
“Además, en una autónoma siempre existe el peligro que un gobierno, puede ser este gobierno o el próximo, tenga interés en privatizarlo”. Ricardo Navarro, representante de Cesta
El dato
Desde hace 15 años organizaciones ambientalistas exigen la aprobación de una ley general de agua, donde el ente rector sea público y no incluya a la empresa privada.