El Consejo de Ministros convocó a plenaria el 9 de febrero y el recinto legislativo estuvo bajo control militar.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un informe final que certifica a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la posible comisión de delitos por parte del presidente de la República, Nayib Bukele; el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Antonio Acevedo López; el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Carlos Alberto Tejada Murcia y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, por la irrupción a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año.
Con 58 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea aprobó el informe único de la comisión especial para investigar los hechos acaecidos antes, durante y después del 9 de febrero que, además, concluyó que se trató de un golpe de Estado contra la Asamblea.
El informe señala que las acciones “constituyeron una afrenta al sistema democrático y de división de poderes salvadoreño, consumándose aunque en una temporalidad limitada, un verdadero golpe de Estado en contra de la Asamblea Legislativa”.
Agrega que en ese momento “se perdió en su totalidad la custodia, control y resguardo del recinto legislativo, por parte de sus autoridades, y en las que el presidente de la República usurpó el curul que le corresponde al Presidente de dicho órgano, efectuando actos propios de la apertura y conducción de una sesión plenaria”.
“El informe es robusto en su contenido en los distintos elementos y pruebas que se han presentado. Están todas las afirmaciones constitucionales”. Mauricio Vargas, diputado Arena
Destitución.
El informe también concluye que existió una participación protagónica del director de la PNC en la irrupción armada, por lo que recomiendan al presidente de la República destituirlo como director de la Policía y de cualquier cargo o función en la seguridad pública del país, ad honorem o no. Según los diputados, se cometieron violaciones a los derechos humanos y por eso “la resolución es de carácter vinculante y por tanto queda destituido de dicho cargo a partir de esta fecha, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles, administrativas y penales respectivas”.
También recomiendan la destitución de su cargo al ministro de la Defensa, René Merino Monroy.
Opiniones.
El diputado Mauricio Vargas, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), recordó que en la interpelación del ministro de Defensa se recomendó la destitución del funcionario, pero en ese caso no es vinculante.
En el caso del presidente, los jefes castrenses y el director policial se dará aviso de investigación. “Y la Fiscalía tendrá que revisar si le da trámite o no le da trámite, si hay requerimiento o no, si tiene las sustentaciones de fondo y de forma”, dijo Vargas.
Quienes votaron en contra fueron los diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). “La orden que están emitiendo a través de este dictamen no la va a cumplir el señor presidente de la República por ilegal e inconstitucional”, dijo Guillermo Gallegos.
“Votamos en contra, porque estamos conscientes que no hubo violaciones y en este caso no hubo golpe de Estado, si no, no estuvieran hablando, no hubieran hecho estas comisiones”, valoró el jefe de fracción de Gana, Guadalupe Vásquez.
“Aquí no ha habido violaciones a los derechos humanos porque no hubo asesinato, no hubo forcejeo ni siquiera hubo intento de agresiones”. Guadalupe Vásquez, diputado de GANA
El dato
El artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial indica que este conducirá sus actividades “de acuerdo a las órdenes y directrices que determine el Presidente”.
¿Cuáles fueron los señalamientos en el informe de la comisión especial 9F?
Comisión especial que investigó los hechos acaecidos antes, durante y después del 9F retomó pronunciamientos y sentencias judiciales contra el uso de fuerzas armadas.
- Sentencia invalidó la convocatoria
El informe retoma la la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 22 de octubre de 2020 que invalidó la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria que fue convocada por el Consejo de Ministros para el 9 de febrero con el fin de aprobar un préstamo de $109 millones.
- Orden al ministro y al director PNC
La sentencia de inconstitucionalidad ordenó al ministro de la Defensa Nacional y al director de la PNC a no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados, y cumplir solo con las funciones que la Constitución les atribuye.
- Informe será distribuido
Otra de las conclusiones del informe de la comisión especial del 9F es comunicar su contenido al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, así como a la Organización de las Naciones Unidas, al Congreso y al Senado de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo.
- Carta Democrática
Se comunicará a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y a su Secretario General para que consideren convocar al Consejo Permanente para hacer una apreciación colectiva de la situación, según el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.